La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (InDDHH) de Uruguay reclamó hoy al gobierno que se analice la posibilidad de hacer “auditorías de archivo” en dependencias militares en busca de información que permita esclarecer la represión de la última dictadura y el destino de los cerca de 200 desparecidos que el país registra oficialmente. Tras el hallazgo, el fin de semana, de documentación sobre operativos militares con pedidos de captura, procesamientos, información de infiltrados y declaraciones de detenidos, encontrada en la sede del Grupo de Artillería número 5 de Montevideo, se realizó el pedido.

 

Se trata de una unidad que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974 y donde, según testimonios, estuvieron recluidas unas 100 personas. Esas carpetas fueron entregadas por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, al fiscal de Corte y a representantes de la InDDHH. “ La @INDDHH_Uy agradece al Poder Ejecutivo su cooperación y solicita que se considere la realización de auditorías de archivos en otras dependencias militares para asegurar el acceso a toda la información relevante para esclarecer el destino de cerca de 200 detenidos desaparecidos”, señaló hoy la institución en su cuenta de la red Twitter.

 

 

 

Consideró que “el hallazgo en el Grupo de Artillería No. 5 es un indicio de la posible existencia de documentos similares en otras dependencias militares”. La entrega de los documentos por parte del Poder Ejecutivo a la Inddhh “debe servir de estímulo a civiles o retirados militares que fueron testigos o cuentan con datos sobre el paradero o destino de los detenidos desaparecidos para ofrecer esta información”.

 

 

Uruguay aprobó en 1986 la llamada Ley de Caducidad, refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, lo que brindó por años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Pero la llegada del izquierdista Frente Amplio al poder en 2005 hizo que se buscaran excepciones a la ley para iniciar juicios a militares y políticos por su rol en esa época y finalmente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) permitió ampliar los procesos.