El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó su primera semana de mandato con una de sus promesas de campaña y confirmó la deportación de inmigrantes de los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó centenares de operativos y arrestos en gran parte del país. Además, se confirmó el inicio de los vuelos de deportación.

El organismo estadounidense mencionado arrestó a 538 personas, según una publicación en la plataforma X. Se trata de una cifra que casi duplica el promedio de la agencia de 282 arrestos al día que se registraron en septiembre de 2024, el mes más reciente en el que se entregaron datos.

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió esta jornada una publicación en la red social X donde informó que los vuelos de deportación de migrantes comenzaron. “El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si entras ilegalmente en los Estados Unidos de América, enfrentarás graves consecuencias”, escribió.

En este marco, el primer avión militar partió del aeródromo del Ejército de Biggs en El Paso, Texas, ayer por la tarde. El vuelo contaba con 81 asientos y se ocupó casi en su totalidad.

En Massachusetts, la cadena WCVB informó que ICE hizo arrestos en Chelsea y East Boston. La gobernadora Maura Healey expresó que apoya los arrestos de delincuentes independientemente de su estatus migratorio. “No los describiría como redadas”, dijo Healey respecto a los arrestos y planteó: “Lo que parece ser, y lo que esperábamos y lo que apoyo, que es la aprehensión de los criminales en nuestras comunidades”.

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración no confirmó cuántos de los arrestados tenían antecedentes penales, aunque la administración de Trump comunicó que su prioridad es arrestar a los migrantes que sí cuenten con dicho prontuario.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, dijo el martes que permitiría a ICE arrestar a personas indocumentadas en lugares como escuelas e iglesias, lo que estaba prohibido bajo administraciones anteriores. “Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto”, precisaron.

Sin embargo, los fiscales generales de once estados estadounidenses han advertido este jueves al presidente Donald Trump, que no permitirán que su administración utilice recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes.

Esa declaración fue publicada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contó con el apoyo de sus homólogos de California, Colorado, Conneticut, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont.

A su turno, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, denunció en un comunicado que ICE “asaltó” un negocio en la ciudad y detuvo a “residentes indocumentados, así como a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”. También sostuvo que uno de los detenidos era un veterano que “sufrió la indignidad de tener la legitimidad de su documentación militar cuestionada”.

“Este acto atroz es una clara violación de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de las personas a estar seguros en sus casas, de tener sus papeles y efectos personales, contra registros e incautaciones irrazonables”, completó el alcalde.

El mandatario republicano prometió durante su campaña electoral una política de “mano dura” contra la inmigración irregular y describió la operación como parte de su esfuerzo por llevar a cabo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.

Según sus estimaciones, estas medidas podrían impactar a los 11 millones de migrantes indocumentados que viven actualmente en el país.