El Tribunal Supremo español rechazó este miércoles un pedido urgente de una asociación independentista catalana para activar la "búsqueda internacional" de Juan Carlos I, para que declare ante la Justicia por el escándalo de corrupción en el que está involucrado el rey emérito, cuyo paradero sigue sin conocerse días después de anunciar su partida de España.

"No ha lugar a lo interesado, toda vez que nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene condición de investigado", contestó el alto tribunal ante el pedido de Ómnium Cultural

La plataforma independentista, liderada por el preso Jordi Cuixart, presentó su reclamo después de conocer "la voluntad de fuga" del rey Juan Carlos I, expresada, según argumentó en su escrito, en una carta que el exsoberano envió a su hijo y actual monarca, Felipe VI.

 

La organización instó al Tribunal Supremo a que active la Unidad de Policía Judicial para que "urgentemente acredite dónde está el rey emérito", para que se le retirara el pasaporte y se le prohibiera salir del país.

Ómnium también presentó una querella contra Juan Carlos I, pendiente de ser admitida por el Supremo, en la que pide que se investigue la procedencia de su fortuna, al existir "indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción".

La Fiscalía del Tribunal Supremo, por su parte, mantiene abiertas diligencias preliminares sobre las presuntas actividades económicas ilegales del rey Juan Carlos I, por lo que formalmente aún no hay ningún proceso abierto.

 

 

 

El Ministerio Público investiga si el exmonarca incurrió en delitos penales de blanqueo o fiscales en relación con una fortuna que tenía escondida en Suiza, aunque solo a partir de su abdicación, en junio de 2014, ya que en ese momento perdió su inmunidad.

La Justicia española dio este paso histórico tras recibir pruebas documentales y testimoniales de parte de sus pares de Suiza, donde la Fiscalía acusa a Juan Carlos de Borbón de blanqueo de capitales y sobornos, en relación con coimas que presuntamente recibió en 2008 de la monarquía saudita, a cambio de la adjudicación del contrato a empresas españolas de la construcción de un tren de alta velocidad de Medina a La Meca.

Parte de ese dinero, según la fiscalía del país helvético, fue a parar a las manos de su examante, la empresaria Corinna Larsen, quien la semana pasada fue citada a declarar por la Audiencia Nacional de España, tras la reapertura de una causa por unas escuchas telefónicas en las que, entre otras cosas, reveló que el rey emérito tenía una fortuna oculta en Suiza.

 

 

 

Acorralado por las acusaciones de corrupción, Juan Carlos I anunció el lunes último que dejaba España para evitar que sus asuntos privados del pasado afectaran el reinado de Felipe VI, en un movimiento que dejó perplejos a una buena parte de los españoles y provocó un revuelo político.

La decisión de que el rey emérito abandone el país tensó la relación entre los dos socios del Gobierno de coalición de España, el Partido Socialista (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, y la fuerza de izquierda Unidas Podemos (UP), liderada por Pablo Iglesias.

Sánchez cerró filas con la Casa Real avalando públicamente la partida del exsoberano, mientras Iglesias y su entorno denunciaron que se trataba de un actitud "indigna" de "huida" para no rendir cuentas con la Justicia.