El fallo que definió la liberación del ex presidente y líder opositor Luiz Inacio Lula da Silva y la de otros 5 mil presos en Brasil, restituye el entendimiento de la Constitución que dicta que ningún condenado puede ir preso si no se agotan todos los recursos de apelación en todas las instancias, algo que se había cambiado en 2016 al calor de la Operación Lava Jato y la ola anticorrupción que había ganado el país.

Tras la elección de la máxima corte del país vecino, se comenzó con el proceso de excarcelación del político detenido desde el 7 de abril de 2018, quien quedó en libertad este viernes por la tarde. En efecto, después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil votara a favor de ese fallo que consideró inconstitucional que un condenado sea detenido sin sentencia firme, ex el presidente recibió a sus abogados en su celda para  trazar la estrategia jurídica de cara a su pedido de liberación. 

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El abogado Cristiano Zanin Martins ingresó al edificio de la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba y la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, dijo en Twitter que se había iniciado la tramitación del pedido de libertad.

Finalmente, la decisión le correspondió a la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, de la ciudad de Curitiba, en base al fallo de la máxima corte que puso fin a la Doctrina Lava Jato, de ejecutar las prisiones después de un fallo de segunda instancia, iniciada en 2016.