Lula quedó a un paso de recuperar su libertad. Por 6 votos a 5, el Supremo Tribunal Federal de Brasil cambió la jurisprudencia sobre el cumplimiento de la condenas después de la segunda instancia, permitiendo así la liberación en las próximas horas del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Si bien el Juzgado de Curitiba que dictó su prisión no tiene un plazo preciso para liberarlo, es seguro que debe fallar en este sentido. Los once jueces del STF, finalizaron la decisiva votación sobre la constitucionalidad del ingreso a prisión de los condenados en segunda instancia, entre los cuales está Lula, de 74 años, quien se encuentra preso desde 2018, junto con otros miles de reclusos que se encuentran en la misma situación.

Este es un durísimo golpe contra el presidente Jair Bolsonaro, quien aseguró que Lula “se pudrirá en prisión” y también afectará a la gran causa anticorrupción conocida como “Lava Jato”, ya que por lo menos unos 38 detenidos por esta causa están en la misma situación procesal que Lula.

Según se decidió este jueves, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y todavía no juzgado en la propia Corte Suprema.

La votación había quedado empatada 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recayó en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli. Ahora, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva. Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados -además del ex presidente- por la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras.

La de este jueves fue la cuarta y última sesión de lo que comenzó el pasado 17 de octubre. Los jueces debieron decidir si es constitucional que los acusados entren en prisión inmediatamente después de ser condenados en segunda instancia o si bien deben esperar hasta agotar todos los recursos en las instancias superiores. Al alcanzar un 5 a 5, fue el presidente del Supremo, Dias Toffoli, quien tuvo el voto de desempate. Quienes defendieron el cambio de la norma se basaron en que la ejecución de la pena en segunda instancia contribuye a aumentar la población en las cárceles, mientras que los magistrados que se expresaron a favor piensan que disminuye la sensación de impunidad y combate la corrupción.

Lula, quien fue condenado a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva por el caso de un departamento tríplex en la ciudad Guarujá, en el estado de Sao Paulo, en el contexto de una megaoperación anticorrupción a la que denominaron “Lava Jato”, fue condenado en ese caso en particular por el STJ, aunque le quedaban recursos pendientes.

El martes pasado, un grupo de senadores entregó a Toffoli una carta con 43 firmas en defensa de la prisión después de la condena en segunda instancia con la intención de presionar la decisión de la sesión de jueves. Los senadores, entre los que se encontraba Flavio Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideraron que la actual medida es “fundamental” para combatir “el sentimiento de impunidad presente en la sociedad”.

También sostuvieron que el cambio se convertiría en “un grave riesgo para la liberación en masa de innumerables condenados por corrupción y por delitos violentos”.