La Justicia española justificó este viernes la excarcelación bajo fianza del grupo “La Manada” argumentando que es “impensable” que vuelvan a abusar sexualmente, como lo hicieron con una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016 y por lo que habían sido condenados a nueve años de prisión.

Los cinco jóvenes abandonaron la cárcel tras depositar una fianza de 6.000 euros el día después de la decisión judicial, en medio de multitudinarias protestas en Madrid y otras ciudades de España, que denunciaron la existencia de una “Justicia patriarcal”, que los ampara.

Mientras continúa aumentando la indignación provocada por la decisión judicial de dejar en libertad a los agresores jóvenes, la Audiencia Provincial de Navarra publicó la resolución en la que expone sus razones.

Entre ellas, el tribunal destaca que los condenados perdieron el anonimato, y el caso provocó un “rechazo social de tal magnitud” que hace “menos que impensable” el riesgo de reiteración delictiva y complica también la posibilidad de que se fuguen. 

En cuanto a una eventual huida, los jueces aseguran que, a excepción de uno de ellos, “constan las insolvencias” de todos los condenados, lo que les impediría procurarse “una fuga eficaz”. 

Además, los magistrados alegan que los agresores “no tienen antecedentes por delitos sexuales” y, respecto a la protección de la víctima, todos ellos viven a más de 500 kilómetros de la joven, con lo que se puede garantizar su tranquilidad y sosiego con medidas menos gravosas que la prisión. Asimismo, señalan que la “alarma social” tampoco justifica mantenerlos en prisión preventiva. 

Por otro lado, los jueces mencionan el caso por supuesto abuso sexual a otra joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco por el que están siendo investigados cuatro de los cinco miembros de La Manada, pero señala que “desconoce el estado de instrucción de la causa” -iniciada en octubre de 2016-, que los acusados ni siquiera están procesados. 

La polémica decisión de excarcelar a los miembros del autodenominado grupo “La Manada” se produjo cuando estaba por vencer el plazo de dos años de prisión provisional, aunque el tribunal tenía en sus manos la posibilidad de prorrogar la medida hasta la mitad de la condena, es decir, cuatro años y seis meses.

El presidente del tribunal, José Francisco Cobo, emitió un voto discrepante al entender que la decisión de dejar a los agresores en libertad bajo una fianza de 6.000 euros supone un riesgo para la “protección integral” de la víctima. 

La mujer había denunciado recientemente la filtración de su identidad e incluso las amenazas que se habían producido contra su persona. 

La Fiscalía de Navarra anunció que apelará la decisión de excarcelar a los cinco agresores, aunque se trata de un recurso de súplica, y no suspende las excarcelaciones. 

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, también aseguró que el municipio, que ejerció de acusación, recurrirá la medida, destacando que el caso fue “un abuso sexual de la máxima gravedad”.

El fallo del caso de La Manada, publicado el 26 de abril último, desató una ola de protestas en toda España, después de que el tribunal condenó a los cinco jóvenes por abuso sexual y no agresión, y descartó una violación en grupo, por la imposibilidad de acreditar que los acusados ejercieron violencia o intimidación. 

La decisión judicial no dejó a nadie indiferente. En esta jornada hubo nuevas protestas, la más multitudinaria frente al Ministerio de Justicia español, en Madrid, donde podían verse mensajes como “Yo si te creo” o “Si no nos matan no nos creen” o “Basta de Justicia patriarcal”. 

Asimismo, desde el ámbito político siguieron llegando las reacciones. El gobierno del socialista, Pedro Sánchez aseguró que estudia una reformar del Código Penal para que el Estado pueda actuar para defender a las víctimas de abusos sexuales frente a la Justicia, explicó la vocera del Ejecutivo, Isabel Celáa.

El repudio y la indignación por la sentencia llegó desde todos los sectores políticos. 

La vocera del partido de izquierda Podemos, Irene Montero, calificó la excarcelación de La Manada como “un insulto a las mujeres y a nuestra democracia", mientras la ex vicepresidenta conservadora y actual cándida a liderar el Partido Popular (PP) Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que “no se puede permitir dar el mensaje de que un delito tan grave sale barato".