El exmandatario de izquierda (2003-2010) llegó por la noche del sábado en helicóptero a la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde una celda de 15 metros cuadrados con baño privado fue especialmente acondicionada para alojarlo. 

Lula, de 72 años, fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por el juez Sergio Moro, figura emblemática de Lava Jato, que lo consideró beneficiario de un apartamento de lujo ofrecido por una constructora a cambio de facilidades para obtener contratos con Petrobras. 

El ex dirigente sindical, que enfrenta otros seis procesos penales, se declara inocente en todos y denuncia un acoso judicial para impedirle volver al poder en las elecciones de octubre, para las cuales es el gran favorito según todos los sondeos. 

Pero Lula es también uno de los políticos que más rechazo suscita, y su detención fue tan celebrada como llorada en varias ciudades del país. 

Frente a la sede policial, varios centenares de personas festejaron su llegada con fuegos artificiales, cornetas y silbatos, dando vítores a la “República de Curitiba”, la ciudad denominada “Capital de Lava Jato”. 

Del otro lado de un vallado tendido por la policía, había igualmente unos cientos de lulistas. 

Detención agitada  
Lula se entregó a la policía en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde estaba atrincherado y rodeado de miles de partidarios desde que el juez Moro emitió la orden de captura, 48 horas antes. 

Como último desafío, asistió a una misa en memoria de su esposa fallecida el año pasado, que tuvo lugar frente a la sede sindical y en la que anunció su intención de someterse al fallo. 

"Voy a cumplir la orden de cárcel (...) y cada uno de ustedes se transformará en un Lula”, proclamó el exmandatario, desencadenando un clamor unánime de “¡Soy Lula! ¡Soy Lula!”. 

"Moro mintió al decir que esa apartamento era mío”, reiteró. 

Y explicó lo que a sus ojos motivó su desgracia actual: “Hace mucho tiempo que soñé que era posible gobernar este país incluyendo a millones de personas pobres en la economía, en las universidades, creando millones de empleos”. 

"Con Lula preso estamos todos presos”, atinó a decir Adriana Macedo, una profesora de 54 años. 

Lula trató en su mitin de alentar a sus partidarios, rodeándose de jóvenes candidatos de otros partidos de izquierda y reafirmando un programa de defensa de los derechos sociales y de las empresas nacionales.  

Su detención es un nuevo golpe para su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), después de la destitución en 2016 de la presidenta Dilma Rousseff, su heredera política, acusada de manipular las cuentas públicas, y de la detención o la acusación de muchos de sus dirigentes históricos. 

Queda por ver ahora quién puede capitalizar la detención de Lula y si el dirigente indiscutible del PT puede, desde la cárcel, transferir su electorado a otro candidato.  

El factor Lava Jato 
Los abogados de Lula interpusieron hasta último momento recursos para impedir su encarcelamiento. Uno de ellos consistió en cuestionar ante la corte suprema la posibilidad -vigente desde 2016- de comenzar las ejecuciones de penas a partir de una condena firme en segunda instancia. 

El Supremo Tribunal federal (STF) rechazó su demanda, pero uno de sus jueces dijo que pretende plantear una moción el próximo miércoles, para discutir una medida cautelar que libere a aquellos que aún no hayan sido condenados por una tercera instancia judicial. Una decisión que sacaría a Lula de la cárcel más rápido de lo previsto. Y a muchos otros presos más de Lava Jato. 

La Operación Lava Jato condenó a decenas de empresarios y políticos. El presidente conservador Michel Temer fue objeto de dos acusaciones por parte de la Fiscalía General, pero ambas fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados, donde decenas de legisladores se hayan igualmente en la mira de la justicia. 

Tanto políticos de derecha como de izquierda consideran que el Poder Judicial cobró una dimensión desproporcionada y el propio Lula acusa a los fiscales de Lava Jato y a Moro de “criminalizar la política”.