Martha Sepúlveda, la colombiana que iba a acceder a la eutanasia el domingo, adelantó que iniciará acciones legales contra la clínica que finalmente se negó a realizar la práctica hace cuatro días. Según su abogada Camila Jaramillo, se trata de una querella por “tratos crueles y denigrantes” y la “vulneración al derecho a morir de forma digna”.

 

La decisión de la clínica se dio a conocer el sábado, cuando el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) señaló en un comunicado que decidió cancelar el procedimiento al "contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente" con el que "se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado".

Sepúlveda padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad grave e incurable, y se iba a convertir en la primera colombiana en recibir el procedimiento desde que la Corte Constitucional lo autorizara en julio para pacientes con enfermedades no terminales.

Su caso se conoció el mes pasado, cuando en un reportaje de Noticias Caracol contó que iba a morir a los 51 años de edad. "Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila (...) Cobarde seré pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar", dijo la mujer, quien agregó que la certeza de morir le daba "tranquilidad".

Desde que fue diagnosticada, Sepúlveda empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se le hizo más difícil caminar distancias largas, lo que empeoró su calidad de vida.  Su familia decía que el día a día de esta mujer se había transformado en un tormento.

La eutanasia en Colombia

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos del mundo donde es legal, después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, cuando el paciente sufra mucho dolor, lo solicite de forma voluntaria y lo realice un médico.

El fallo de julio de la Corte, que modifica el "homicidio por piedad" del Código Penal y que antes contemplaba penas de hasta 54 meses de prisión, anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho.

A pesar de que es legal desde 1997, no se comenzó a ejercer ese derecho hasta 2015 y los procedimientos aún enfrentan barreras, como que solo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar. Además, el Parlamento mantiene bloqueado desde hace años los proyectos de ley que buscan reglamentar la muerte digna.

En el país tan solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se permitió el procedimiento, 18 años después de que en 1997 la Corte Constitucional consagrara la muerte digna como un derecho fundamental.

 

La mayoría de estos procedimientos se realizaron en Bogotá o en el departamento de Antioquia, y casi nueve de cada diez fueron a personas con diagnóstico relacionado con el cáncer. Por cada cinco solicitudes que se realizan en el país, solo acaban practicadas dos, según los datos oficiales.