El gobierno español del socialista Pedro Sánchez advirtió este martes del peligro de dejar caer el estado de alarma durante el proceso de desescalada del confinamiento por el coronavirus (orthocoronavirinae), a menos de 24 horas de que el Parlamento debata una nueva prórroga sin la garantía de que saldrá adelante por primera vez desde que comenzó la emergencia sanitaria.

"El único instrumento que permite al Gobierno de España restringir la movilidad para detener los contagios, salvar vida y defender la salud pública de los ciudadanos es la prórroga del estado de alarma", aseguró Sánchez al defender personalmente la continuidad de la medida de excepción durante un debate de control a su gobierno en el Senado.

El líder socialista añadió que su gobierno quiere ser "precavido y prudente" en la desescalada y que los ciudadanos no entenderían que la oposición no lo acompañe, apoyando la extensión del estado de alarma mañana en el Parlamento.

Después de respaldar al gobierno en las primeras tres prórrogas con una posición crítica, el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza opositora, adelantó que no volverá a hacerlo, tras acusar a Sánchez de mentir y querer esconderse detrás de la medida de excepción, que considera innecesaria.

El PP y otras fuerzas políticas opositoras y aliadas del gobierno como los independentista de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya ) y los nacionalistas vasos del PNV piden a Sánchez que elabore un "plan B", alternativo al estado de alarma.

 

Los independentistas y nacionalistas le reprochan haberles quitado poder con el mando único y falta de consenso a la hora de tomar decisiones que luego deben ser implementadas de forma más local, como ocurre con la "hoja de ruta" de la desescalada.

Sánchez aseguró que está dispuesto a buscar una alternativa, pero una vez que culmine el plan de distensión, previsiblemente al final de junio.

"No podemos jugar a experimentos cuando no sabemos cuál va a ser su eficacia", subrayó el líder socialista, quien prometió "gobernar la situación con otros instrumentos" una vez que el país llegue a la "nueva normalidad".

"Ahora mismo necesitamos las restricciones de la movilidad", insistió Sánchez, quien defiende que no hay alternativa jurídica para limitar los desplazamientos en todo el estado.

Estabilizada la cifra de muertos por debajo de las 200 personas -hoy se registraron 185 fallecidos- y con la infección retrocediendo, España transita la fase inicial del plan de desescalada puesto en marcha por el gobierno, que ya permitió la apertura del pequeño comercio, con cita previa y manteniendo estrictas medidas se seguridad.

Los ciudadanos españoles tienen permitido salir a la calle a pasear o hacer deporte en diferentes franjas horarias, mientras en el transporte público es obligatorio el uso de barbijos.

A partir del lunes 11 de mayo, se prevé que varias zonas del país pasen a la "fase 1", en la que se podrán abrir los exteriores de bares y restaurantes.

"Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y lo podemos echar todo por tierra", advirtió la vocera del Ejecutivo, María Jesús Montero, al informar el videoconferencia que el gobierno había aprobado solicitar al Parlamento una nueva extensión por 15 días del estado de alarma.

El alivio gradual de las duras medidas de restricción permitirá dar algo de oxígeno a la economía, que se hundió de forma abrupta por el confinamiento, aunque la recuperación queda muy lejos en el horizonte.

Montero, también Ministra de Hacienda, dijo que "si decae el estado de alarma, decaen de forma automática los instrumentos económicos de acompañamiento a los trabajadores y las empresas".

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 3,3 millones de personas se beneficiaron de los ERTEs, un instrumento de suspensión de empleo masivo que el gobierno flexibilizó bajo el estado de alarma que rige desde el 14 de marzo.

Aunque el gobierno incentivó los ERTEs para evitar que despidos, durante el último mes y medio de la crisis del coronavirus, en España se destruyeron 9,5 millones de puestos de trabajo y el desempleo se incrementó en casi medio millón de personas.

Con estas cifras, el partido liberal Ciudadanos pidió al gobierno que desvincule las ayudas económicas del estado de alarma.

"No utilicen a los ciudadanos como rehenes", le espetó a Sánchez la senadora Lorena Roldán, cuyo partido podría facilitar la prórroga de la medida de excepción.

El gobierno mantiene abiertas negociaciones con Ciudadanos, PNV y ERC para sacar adelante la medida en el Parlamento, aunque también presiona al PP, ya que algunos de sus líderes regionales se mostraron a favor de darle un margen de 15 días más al gobierno.

Atendiendo a los pedidos precisamente de los presidentes regionales, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que el nuevo decreto del estado de alarma "refuerza todos los mecanismos de cogobernanza" poniendo en valor la participación de las comunidades autónomas.

"Ha funcionado y es imprescindible mantenerlo en esta nueva y difícil etapa", zanjó Illa.