Perú sumó este miércoles otra tensa jornada a su inédita crisis institucional, en la que el gobierno del presidente Martín Vizcarra desconoció la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz y el líder del Congreso, Pedro Olaechea, propuso que dimitan "todos" los que desempeñan cargos electivos y se llame a comicios para reemplazarlos.

Aráoz presentó su renuncia "irrevocable" en carta al Congreso a última hora de la noche del martes, un día después de haber jurado como jefa del Estado también ante el parlamento, que había sido disuelto horas antes por Vizcarra.

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"Lo ideal en este caso es llamar a elecciones anticipadas por el bien de todo el país", justificó Aráoz, según recogieron medios locales y la agencia de noticias EFE.

Sin embargo, el jefe del gabinete, Vicente Zeballos, advirtió que "desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo vicepresidenta de Perú".

"Ella renunció ante el presidente del Congreso, y el Congreso no existe, ha quedado disuelto", subrayó Zeballos en declaraciones a la radio RPP.

En tanto, Olaechea sostuvo que el país sufre un "estado de acefalía" tras la renuncia de Aráoz y propuso que renuncien tanto Vizcarra como los legisladores y se convoque a elecciones.

"Yo le propongo al presidente Vizcarra lo que ya le había propuesto: salgamos por la Constitución, renuncie usted, renunciamos todos y llamamos a elecciones inmediatamente", dijo el líder parlamentario en conferencia de prensa, según el diario limeño La República.

Olaechea afirmó que la renuncia de Aráoz "evidencia la crisis" porque ella "tomó el encargo del pleno del Congreso para asumir la presidencia ante la suspensión del señor Martín Vizcarra".

"De acuerdo a nuestros asesores y expertos legales, ella solo puede renunciar ante el pleno; por eso, hoy día en la Comisión Permanente se tomará nota", agregó.

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"Básicamente estamos en un estado de acefalía, porque la crisis está establecida porque no puede haber sucesión", completó Olaechea, a quien le correspondería asumir en lugar de Aráoz si el Congreso estuviera funcionando y la suspensión de Vizcarra fuera efectiva.

Mientras tanto, los legisladores evidenciaron reacciones opuestas con respecto a la disolución del Congreso anunciada el lunes por Vizcarra.

Miembros de Peruanos por el Kambio (PPK, oficialista), Bancada Liberal, Nuevo Perú, Frente Amplio y Unidos por la República se despidieron de sus bancas y enviaron mensajes a sus simpatizantes a través de redes sociales.

En cambio, congresistas de Fuerza Popular, el Partido Aprista Peruano, Contigo, Alianza para el Progreso y Acción Popular rechazaron el cierre del parlamento y reiteraron la denuncia de un supuesto golpe de estado.

Incluso, Olaechea pidió al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que oficializara la designación como juez de esa corte del abogado Gonzalo Ortiz de Zeballos -primo del legislador-, votada por el Congreso mientras Vizcarra anunciaba su disolución.

Vizcarra dispuso el lunes la disolución del Congreso, invocando una facultad que le confiere la Constitución, y llamó a elecciones para su nueva integración para el 26 de enero próximo.

La carta magna faculta -no obliga- al presidente a disolver el parlamento una vez que este haya censurado o denegado confianza al gabinete del Ejecutivo por segunda vez en un mismo período de gobierno.

El Congreso nombró a Ortiz de Zeballos para el Tribunal Constitucional antes de debatir la moción de confianza que el gabinete había solicitado en relación con un cuestionamiento del Ejecutivo a ese mismo proceso, por lo que Vizcarra interpretó que se le denegó implícitamente el respaldo.

Inmediatamente después de que el mandatario anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones, el parlamento, con mayoría simple, resolvió suspender por un año a Vizcarra y tomó juramento a Aráoz.