Un juez de la Corte Suprema de Brasil sugirió la utilización de una "mordaza" para el presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una ola de indignación incluso dentro del oficialismo y pedidos de juicio político, luego de haber declarado sobre el destino de un joven desaparecido por la dictadura militar local.

LEÉ TAMBIÉN: Polémica frase de Bolsonaro sobre la Dictadura generó indignación en Brasil

"Para evitar declaraciones de este tipo, una mordaza, son tiempos extraños, adonde iremos a parar", dijo el ministro Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal.

El caso gira en torno a la desaparición en 1974 de Fernando Augusto Santa Cruz, militante de izquierda que desapareció en 1974 en un centro de detención de Río de Janeiro documentado por la Fuerza Aérea, pero Bolsonaro dijo que fue ultimado por sus propios compañeros de lucha.

Esta víctima es el padre de Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), quien es blanco de ataques de Bolsonaro porque la entidad se negó a aceptar quebrar el secreto telefónico y bancario del letrado que defendió a Adelio Bispo, el autor del atentado contra el mandatario en setiembre pasado, declarado inimputable.

"Vamos a pedir explicaciones a la Corte Suprema sobre los dichos de Bolsonaro, que puede haber cometido una serie de delitos con su declaración", dijo el titular de la entidad de los abogados e hijo del desaparecido en 1974 por el régimen militar (1964-1985).

Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que reivindica a la dictadura y la tortura de opositores, en dos oportunidades dijo saber el destino de Santa Cruz.

"No lo mataron los militares, fueron sus propios compañeros", afirmó Bolsonaro, contrariando a la Comisión de la Verdad que investigó los delitos del régimen de facto. El diario O Globo publicó los documentos secretos de la Fuerza Aérea en el cual se indica la desaparición de Santa Cruz en el centro de detención de Río de Janeiro. En tanto, un testigo comentó a la Comisión de la Verdad que el cuerpo del militante del grupo Acción Popular pudo haber sido incinerado.

La OAB anunció en un comunicado que acudirá a la Corte para pedir explicaciones a Bolsonaro, mientras que juristas y opositores sostienen que la declaración, si es mentira u ocultamiento, es crimen de falta de decoro.

"Yo ni siquiera hablaría de juicio político, sino de incapacidad para ejercer el cargo", dijo Miguel Reale Junior, el abogado coautor de la acusación que llevó a la destitución por delitos en las prioridades del presupuesto a la presidenta Dilma Rousseff en 2016.

"Es inaceptable lo que dijo Bolsonaro", comentó el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, un aliado del presidente.