El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió este viernes al Congreso un proyecto de ley para aumentar los ingresos de los jubilados con pensión básica, una medida prevista en la "agenda social" que inauguró con la esperanza de frenar el estallido social que sacude al país desde hace más de una semana. Ya son 19 los muertos tras la muerte de un ciudadano peruano por las heridas sufridas durante un saqueo en el sur de Santiago.

En paralelo, las manifestaciones continúan en diversos puntos del país. Los toques de queda se multiplican en las diversas ciudades y en Santiago la medida comienza a las 23. Sin embargo, una multitud se encuentra reunida en Plaza Italia, un lugar emblemático de la capital chilena.

La iniciativa de Piñera apunta a aumentar en un 20 por ciento la llamada pensión básica solidaria que perciben unos 600.000 jubilados englobados el el 60 por ciento del sector más pobre del país y que tienen un ingreso equivalente a los 151 dólares. Además, propuso una suba de un punto porcentual (desde el 4 hasta el 5 por ciento) de los aportes patronales al sistema de jubilaciones, una medida demandada por las fuerzas políticas de centroizquierda.

"El seguro para proteger a los adultos mayores no valentes se va a financiar con este 1 por ciento y en los próximos días vamos a enviar al Congreso nuevas protecciones sociales con cargo a este porcentaje", dijo Piñera, citado por la agencia EFE.

También se comprometió a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores que no cobren el sueldo mínimo y a aumentar los impuestos para las rentas más altas.

La Cámara de Diputados había aprobado este jueves en general un proyecto para reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. Ante la fuerzas de las protestas, el presidente ya había retrocedido en su decisión de eliminar un subsidio a los combustibles, con su consecuente impacto en los valores de venta al público, y aceptó congelar las tarifas del servicio eléctrico.

Para desactivar el estallido, también prometió medidas para bajar los precios de los medicamentos y mejorar los sistemas de salud y educación. En distintas ciudades de Chile continuaron las protestas multitudinarias, entre ellas una con disturbios que forzó a las autoridades a evacuar la sede del Congreso, establecida en Valaparaíso.

En las puertas de la sede legislativa se reportaron enfrentamientos entre agentes de fuerzas de seguridad y manifestantes. Además, un grupo intentó derribar una verja que protegía al edificio, ante lo cual se decidió la evacuación del personal y la suspensión de las actividades.

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En tanto, cientos de camiones, taxis y automóviles particulares invadieron a paso lento las autopistas que circunvalan y cruzan Santiago de Chile para participar de una caravana que convirtió en un caos el tránsito en la capital del país.

La caravana fue cortando los accesos a la autopista y algunos calles transversales, usualmente utilizadas por varios millones de personas al día, en una imponente protestas contra los aumentos desmedidos en los precios de los peajes.

Desde el comienzo de la rebelión, hace ocho días, 19 personas murieron en medio de actos violentos o a causa de la extrema represión de militares y carabineros contra los manifestantes.

Cientos de personas resultaron heridas -muchas de ellas de bala- y más de 2.000 sufrieron detenciones, contexto en el que se multiplicaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del estados, entre ellas torturas, apresamientos ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos.

Este viernes, la ONU anunció que la misión del organismo que investigará posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de seguridad en Chile llegará a Santiago el próximo lunes y permanecerá durante cuatro semanas.

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La vocera de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, informó en una conferencia de prensa que tres especialistas "intentarán reunirse con cargos del gobierno, representantes de la sociedad civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos humanos y otros implicados para recoger información de primera mano" y elaborar luego un informe.

Shamdasani señaló a periodistas en Ginebra que la alta comisionada de la oficina, Michelle Bachelet, tomó la decisión de enviar esta misión a raíz de que un grupo de parlamentarios chilenos se lo solicitó, aunque recalcó que el gobierno de Chile también emitió una invitación formal,

A pesar de que el gobierno asegura que el grado de violencia y la cantidad de actos vandálicos ha disminuido, las autoridades volvieron a declarar para esta noche el séptimo toque de queda consecutivo en Santiago y sus alrededores, esta vez a partir de las 23.