Una ley vigente desde agosto de 2022 está en el ojo de la tormenta debido a que redujo las penas que estaban cumpliendo aquellos que habían cometido delitos sexuales, generando que más de 20 personas fueran excarceladas y alrededor de 300 reciban rebajas en sus penas. 

Ante el efecto adverso que produce el cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como "Solo sí es sí", el Partido Socialista (PSOE) al que representa el presidente español, Pedro Sanchez, busca una enmienda de esta normativa que elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero. 

 

"Esta ley es sólida, es una ley integral que aborda la violencia sexual de una manera exhaustiva, y la mejor forma de garantizar su correcta aplicación es dotarla de los recursos presupuestarios y humanos y de la voluntad política necesaria para desplegar todas sus disposiciones", detallaron a Telam desde el Ministerio de Igualdad; sin embargo, la crítica que se realiza es que "contiene una rebaja generalizada de penas para los delitos contra la libertad sexual".

Fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición por esta Ley

Esta normativa fue aprobada por el oficialismo español pese al rechazo de principal bloque de oposición, el derechista Partido Popular (PP), y del ultraderechista Vox, estos últimos argumentaron que tenía como no tenía objetivo "proteger a la mujer, sino atacar al hombre".

En tanto el bloque Unidas Podemos rechazaron el pedido del PSOE sobre la reforma de la ley que implicaba la suba de la pena si estaba vinculada a la existencia de violencia o intimidación en la agresión sexual, ya que desde el espacio consideraron que va “en contra de la esencia de la normativa”.

"Esta ley plantea que, ante una agresión, la falta de consentimiento no debe ser probada por la víctima, a la que se obligaba a atravesar un calvario probatorio para demostrar que sufrió una agresión sexual. Cuando decimos que la ley pone el consentimiento en el centro, termina con esa diferenciación entre el abuso y la agresión", defendieron desde el Ministerio de Igualdad.

Desde el ente gubernamental aseguraron que no creen que “una reforma apoyada por la derecha y la extrema derecha sea beneficiosa para los derechos de las mujeres” y argumentó que es el gobierno quien debe decidir aprobar una reforma avalada por estos sectores o retomar el diálogo con la coalición que está gobernando.