La familia de Jorge González Zuniga denunció a la policía de Texas, Estados Unidos por la muerte del hombre de 23 años, quien el 12 de abril fue detenido luego de emborracharse en un asado y quedarse dormido en un parque de caravanas. En aquella ocasión, tres agentes lo golpearon tanto que quedó parapléjico y murió tres meses después.

Los oficiales habían sido citados en el recinto para frenar una pelea entre dos mujeres cuando vieron al joven y lo incitaron a que se marchara a su casa. González había permanecido en el lugar luego de asistir a un asado organizado por un amigo.

La causa contra los efectivos es por "uso de fuerza brutal, irrazonable y excesiva". Los denunciantes reclamaron que el hombre se disponía a retirarse cuando “recibió varias descargas eléctricas de pistola taser, fue empujado al suelo, le aplastaron el cuello, lo esposaron y le sujetaron los tobillos”.

Los policías aseguran que, al momento de la detención, González "no sabía dónde estaba" y se resistió al arresto.

A continuación, los agentes llevaron al joven, padre de un hijo de un año, al calabozo, donde ningún médico revisó sus heridas. 21 horas más tarde, lo encontraron inconsciente en el piso de la celda. Recién en ese momento lo trasladaron a un hospital con hipotermia y una inflamación de médula espinal.

Una vez internado en el centro sanitario, los especialistas lo operaron varias veces, pero no lograron salvarlo de una parálisis permanente que lo dejó inmovilizado del cuello hasta los pies.

Los abogados de la familia de González usaron, como prueba del daño con el que llegó el joven al calabozo, la foto del expediente policial, en la que el personal de seguridad tuvo que sostenerle la cabeza por las lesiones que había sufrido en el cuello.

Tras pasar varias semanas en el hospital, el hombre pudo finalmente volver a su casa, donde murió de un ataque al corazón una semana después, el 15 de julio.

Los denunciantes sostienen que, en a detención, "no era necesario el uso de la fuerza" y señalan la injusticia de "la negación deliberada y sistemática por parte de los acusados de necesidades médicas tan graves", la cual, "constituye un castigo cruel e inusual en violación con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos".

La familia asegura que la golpiza policial fue la causante de la muerte de González, por lo que exigen cobrar una indemnización por el dolor y "la angustia mental severa" sufridos y los gastos médicos y de entierro que tuvieron que costear luego del fallecimiento.