Destituido y con riesgo de terminar en la cárcel, el ex presidente de Cataluña, quien no acepta su salida, fue acusado de rebelión, sedición y malversación. Por eso, Carles Puigdemont y algunos de sus aliados se refugiaron en Bélgica, donde intentarían conseguir asesoramiento para el asilo político. Por su parte, el gobierno español, amparado en la intervención autorizada por el artículo 155 de la Constitución, comenzó a hacerse cargo de la administración regional.

El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, fue quien anunció la presentación de querellas por “rebelión, sedición, malversación” y otros delitos conexos contra Puigdemont, su gobierno y los miembros de la mesa del Parlamento catalán que votó la declaración de independencia el pasado viernes.

Ante esta difícil situación judicial, el líder regional decidió viajar a Bruselas para entrevistarse con políticos nacionalistas locales, asesorarse y analizar un eventual asilo político. Sin embargo, las autoridades belgas advirtieron que ninguno de ellos lo había invitado.

Ruptura
Mientras la Justicia acorrala cada vez más a Puigdemont, algunos de sus aliados independentistas parecen bajar la guardia. Carme Forcadell, presidenta del Parlamento catalán, suspendió la reunión legislativa prevista para este martes tras acatar la orden del gobierno nacional y disolver la Cámara. No obstante, Forcadell seguirá como presidenta del Parlamento hasta el 21 de diciembre próximo, día de las elecciones regionales, y puede convocar a reuniones de la Mesa de la Diputación Permanente, organismo que “vela por los poderes de la Cámara” cuando esta se ha disuelto.

Respecto de los comicios, varios partidos independentistas anunciaron que presentarán a sus candidatos. “Para consolidar la república, no debemos desaprovechar ninguna oportunidad”, explicaron, y aseguraron que “no les dan miedo las urnas”.