La justicia ratificó la sentencia del ex presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, a seguir cumpliendo una condena de prisión preventiva a 18 meses, acusado de un presunto golpe de estado sobre el intento de disolver el parlamento, rebelión, conspiración y abuso de autoridad.

 

Por medio de una publicación de Twitter, los magistrados confirmaron la sentencia: "La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la resolución que ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente, conspiración para rebelión) en agravio del Estado".

 

El juez Juan Carlos Checkley fue quien en un principio le comunicó la sentencia el pasado 15 de diciembre, pero la defensa de Castillo pidió que fuera revocada por considerarla injusta.

 

 

 

Vale mencionar que el ex mandatario se expresó desde la Prisión de Barbadillo y reiteró que "jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan", y que tampoco cometió "delito de conspiración" contra el Estado.

 

"Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas", mencionó en la audiencia justificando su inocencia.

 

 

 

Sin embargo, sus declaraciones no tuvieron relevancia en la causa y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendó sentenciar a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, y de esta forma pasar a la Comisión Permanente para su ratificación.

 

En su lugar, Dina Boluarte asumió como la primera mujer presidenta de Perú, el pasado 7 de diciembre, en medio de una sesión parlamentaria convocada de urgencia para resolver el poder obsoleto por la destitución del ex mandatario.

 

Además de Castillo, dos funcionarios de su gestión también recibieron una acusación: el exministro de Transportes y Comunicación, Juan Silva, y el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, fueron acusados por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y delito contra la administración pública.