El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros (ministros) quedaron en libertad condicional en Bélgica al cabo de una audiencia judicial, tras permanecer varias horas detenidos después de haberse entregado voluntariamente a la Policía en Bruselas.

Puigdemont y sus ex colaboradores prestaron declaración durante cuatro horas en una audiencia celebrada en la sede de la Fiscalía de Bruselas y se retiraron juntos en una van, sin hacer declaraciones.
Los cinco permanecerán en libertad condicional mientras dure el proceso judicial abierto a raíz de la orden de detención contra ellos por "rebelión, sedición y malversación", emitida por una jueza de Madrid, informaron las agencias de noticias DPA y EFE.

El vocero de la Fiscalía general belga, Gilles Dejemeppe, había advertido en una conferencia de prensa que Puigdemont y sus cuatro funcionarios también destituidos -Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- estarían "privados de libertad" hasta que el juez de instrucción designado definiera cómo responder a la orden de captura y entrega dictada por la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela. 

Las opciones son que el juez acepte la orden de la jueza española y apruebe la detención preventiva y la futura deportación de los cinco funcionarios catalanes destituidos, que dicte medidas cautelares intermedias sólo para evitar el riesgo de fuga o rechazar completamente la orden de captura.

Ninguno de los cincos líderes independentistas catalanes habló con la prensa antes de entregarse en una comisaria de Bruselas, sin embargo, tanto la prensa local como la española aventuró que buscaron evitar la imagen de una detención, una opción que se parecía inevitable este domingo si Puigdemont y sus ex consejeros no se presentaban voluntariamente.

Según la legislación europea, si los cinco catalanes aceptan ser entregados, la decisión se tomará en un plazo de 10 días desde su consentimiento. Hasta ahora Puigdemont ha asegurado que no existen "garantías" en España para su proceso.

En cambio, si los detenidos se niegan a la extradición, el país ejecutor -en este caso Bélgica- tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90. 

Pero en Bélgica los plazos judiciales son más cortos. Incluidas las apelaciones, hay sólo 45 días para todo el procedimiento, informó la Fiscalía General belga. Ambos plazos máximos entran en conflicto con el proceso electoral abierto por la intervención de Cataluña ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy y ratificada por el Senado español para frenar el proceso independentista.

La semana próxima vence el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones del próximo 21 de diciembre que convocó Rajoy para renovar el parlamento regional y con la esperanza de obtener una nueva mayoría legislativa que no impulse nuevamente la independencia de la región. 

"Queremos que el presidente Puigdemont siga siendo la persona que lidera una gran lista de país el próximo 21-D", dijo la coordinadora general del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Marta Pascal, durante el consejo nacional de la formación en Barcelona.

Según dos sondeos publicados este domingo, la izquierdista ERC ganaría las elecciones del 21 de diciembre, aunque perdería la mayoría absoluta que tiene ahora junto con el PDeCAT y la CUP.

Catalunya en Comú, la fuerza que lidera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, adelantó que no se sumará a una eventual lista común con los que apoyaron el proceso independentista hasta el último momento, aún cuando era claro que una declaración unilateral iba a provocar la intervención de Madrid. 

En un mensaje ante los medios, la coordinadora de comunicación de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, no sólo adelantó que no hará alianza con el PDeCAT y la ERC, sino que le propuso a la fuerza nacional Podemos una coalición para presentar una lista de candidatos única. 

Puigdemont y todo su gabinete son investigados por diversos delitos, incluidos sedición, rebelión y malversación, acusaciones que nacen con el proceso independentista que impulsó el destituido gobierno catalán hasta declarar un estado republicano que duró apenas unas horas el 27 de octubre, hasta que Madrid dictó la intervención de Cataluña.

La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel. El ex vicejefe del gobierno regional Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros quedaron detenidos el jueves pasado tras declarar en la Audiencia Nacional en Madrid. Un noveno ex consejero, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza.