La directora y dueña del colegio privado Enrique Rébsamen, cuyo edificio se derrumbó parcialmente tras el terremoto del 19 de septiembre y causó la muerte de 19 niños y 7 adultos, no responde a las citaciones de la justicia y se presume que está prófuga ante evidencias de que esa tragedia fue consecuencia de haber falsificado los permisos de construcción de las instalaciones, que habían sido clausuradas por no apegarse a las normas vigentes. 

Mónica García dejó el país y no pudo ser localizada en los últimos días, según un chat interno de maestras de la escuela, que trascendió en los medios de comunicación. Miss Mónica, como suele ser llamada, "ya no se encuentra en el país. Lamento darles esta noticia", señaló una docente identificada como Pili, que imparte clases en la sección primaria de la escuela privada, ubicada en el barrio Coapa, sureste de la capital, uno de los más dañados por el terremoto, que arrojó hasta ahora 366 víctimas.

El domingo pasado, hubo una reunión de directivos con padres de familia, pero no se presentó Mónica García, mientras que existen versiones de que el predio donde se ubicaba la escuela pasará a propiedad del gobierno federal. La directora se vio inmersa en la controversia desde el inicio, no sólo porque falseó los permisos de construcción cuando el edificio estaba clausurado, sino porque, según fuentes oficiales, en el inmueble colapsado ordenó construir una vivienda para ella y otra para su hermano, pero sin reforzar los cimientos, lo que habría sido el origen de esa tragedia escolar.

Por varios días trabajaron centenares de rescatistas extrayendo los cuerpos de los pequeños fallecidos y de otros siete adultos, entre ellos dos empleados de limpieza, maestros y trabajadores administrativos. 
Tras iniciarse la remoción de escombros, Mónica García acudió a sacar sus pertenencias, pero no pudo llevarse su auto Mercedes Benz porque autoridades se lo impidieron.

Además, fue acusada por padres de familia de exigir el pago puntual de las cuotas escolares a pesar del horror vivido por la comunidad educativa. La directora y dueña del colegio fue citada sin responder en dos ocasiones por la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia local.

En caso de faltar a una tercera cita, el ministerio público puede pedir a un juez una orden de detención en su contra. De acuerdo con algunos expertos, la mujer podría enfrentar una condena hasta de 6 años en prisión sin derecho a fianza por falsificación de documentos y por homicidio doloso o intencional. Los padres de familia, que el lunes se reunieron para acordar acciones a seguir tras la tragedia, dijeron que debido a sus problemas legales, la directora se habría fugado a otro estado, pero lo más probable es que haya salido del país.

Las familias de los niños de la escuela dijeron que por ahora no pudieron reanudar sus actividades escolares y que la mayoría no recibió tratamiento psicológico. Ante la ausencia de la directora, nadie quiere responder a las demandas de las familias para que se les diga si se les va a apoyar para reubicar a sus hijos, si van a recibir alguna indemnización quienes perdieron a sus niños o si se dará apoyo emocional a quienes lo requieran.

"Pensamos que era una escuela seria, éramos una comunidad muy unida, pero con este tipo de actitudes nos demuestran otra cosa", señalaron. Joaquín Argumendo, que representa a los padres de familia, dijo, citado por la agencia ANSA, que les "parece muy extraño" que la directora ni siquiera los haya llamado.

"Se desconectó totalmente de nosotros y está evadiendo su responsabilidad. Es decir, no es un problema de tipo personal que tenemos con ella, exigimos que alguien del colegio nos atienda", precisó.
"Por el abandono que estamos viviendo vamos a proceder legalmente contra quien resulte responsable y si es ella, pues contra ella", sostuvo.