Allá por fines de 2020, en un acto en el Estadio Único de La Plata, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anticipó que, tras la caída del PBI y de la actividad en la Argentina derivados de la pandemia de Covid-19 y de la cuarentena, el año siguiente sería de gran recuperación económica. En efecto, a la caída del 9,9% del 2020 le siguió un crecimiento del 10,3% en 2021.

En ese mismo acto, luego de Massa habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, en otro anuncio de lo que vendría, planteó la necesidad de "alinear la evolución de los precios generales con los salarios, las jubilaciones y las tarifas de servicios públicos", dado que si no se hacía, el beneficio de la reactivación se lo quedarían "cuatro vivos".

Efectivamente, ese beneficio fue mayormente capturado por pocos. Mientras la inflación -es decir, el aumento generalizado de precios- de 2020 fue del 36,2%, la de 2021 subió al 50,9%, la de 2022 al 94,8% y la proyectada para este año se estima en, al menos, el 120%. Sin embargo, los ingresos de los consumidores, en su enorme mayoría trabajadores asalariados -ya sea formales e informales-, jubilados, autónomos, monotributistas y beneficiarios de asistencia social, aumentaron muy por debajo de esas cifras. Esto se ve reflejado en los altos índices de pobreza e indigencia que registra el país.

 

Este cuadro de situación coincidió en el tiempo con la publicación de balances muy positivos por parte de diversas empresas que tienen actividad en la Argentina y cuyos empleados también forman parte de aquellos cuyos ingresos pierden en la carrera contra la inflación.

El Gobierno nacional, a través del ahora ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, dispuso en los últimos días medidas tendientes a recomponer al menos en parte el poder adquisitivo perdido por millones de argentinos, algo que se vio profundizado tras la devaluación del peso del 22%, instrumentada el 14 de agosto a instancias del Fondo Monetario Internacional, afirmó el funcionario.

Según algunos cálculos que han trascendido, la suba del Mínimo no Imponible de Ganancias a partir de los sueldos de octubre representaría una inyección al mercado de unos 50.000 millones de pesos, en tanto que la devolución del IVA para productos de la canasta básica -que ya comienza a regir- significaría nada menos que un billón de pesos más de aquí al 31 de diciembre.

 

Esto vuelve a plantear una situación como la salida de la pandemia: más dinero en la calle, más demanda de productos y servicios. La ley de mercado dice que eso permite a quienes tienen esos productos y servicios para vender el aumento de los precios. Esto claramente frustraría el objetivo de que la enorme mayoría de consumidores recupere algo de su poder real de compra.

El Gobierno debe estar atento a esa situación, más allá de que tenga acuerdos con distintos sectores para que los aumentos mensuales no superen un margen del 4 o 5 por ciento. Más allá de la voluntad o no del sector privado de cumplir eso que firmó, dependerá mucho de los funcionarios y de los consumidores en general el no permitir más abusos como los que se observaron desde 2021 a esta parte de los llamados "formadores de precios".