jcarrodani@cronica.com.ar 
@javiercarrodani 

Parece mentira, pero ya transcurrió un cuarto de siglo desde aquel salvaje atentado contra la sede de la AMIA en la calle Pasteur al 600 que, además de conmocionar a toda la sociedad argentina, significó -o debió significar, en realidad- un segundo golpe a la autoestima del gobierno nacional de entonces, dado que apenas dos años antes se había registrado otro ataque similar contra la Embajada de Israel, que en ese momento se ubicaba en la esquina se Arroyo y Suipacha.

Pasaron 25 años y, a la lógica postura solidaria para con todos los familiares y amigos de los 85 muertos aquel 18 de julio de 1994, y de los centenares de heridos que sobrevivieron a ese día, se le agrega una inevitable sensación de impotencia ante la evidente falta de castigo a los responsables intelectuales y materiales de semejante acto terrorista.

En la actualidad la causa judicial apunta a la organización Hezbollah en coordinación con el gobierno de Irán, algunos de cuyos funcionarios imputados por el hecho siguieron desempeñando tareas hasta hace unos pocos años. Hay quienes dicen que, equivocadamente, se dejó de investigar la “pista siria”, que fijaba la autoría del hecho en organizaciones vinculadas al gobierno de ese país.

Más allá de cuál fuese la verdad, la mancha que nunca se borrará para las autoridades políticas argentinas de ese momento, que encabezaba el presidente Carlos Menem, fue la poca o nula reacción a nivel Estado para esclarecer completamente el hecho, aunque más no fuera por la doble “mojada de oreja” a la autoridad soberana cometida por gente que -en su lógica desquiciada- no tuvo mejor idea que traer a Buenos Aires el conflicto ancestral de Oriente Medio.

En 1997, cuando trascendió el mecanismo de encubrimiento utilizado tres años antes, y que incluyó el pago de dinero de la SIDE avalado por el juez federal de la causa, Juan José Galeano, al detenido Carlos Telleldín para que acusara a policías bonaerenses de ser la conexión local del atentado a la AMIA, quedó bien en claro que la dirigencia política y judicial del país no estaba, ni de cerca, a la altura de las circunstancias. Y ya desde entonces remontar esa situación en cuanto a los atentados ha sido casi imposible.