lbugner@cronica.com
@lucianobugner 

El décimo día de Alberto Fernández al frente del Poder Ejecutivo amaneció con las luces encendidas en el interior del Congreso. Una Cámara de Diputados dividida discutía, en horas de la madrugada y con argumentos varios, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el gobierno busca promulgar en las próximas horas.

Legisladores tan dispares como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el referente de la izquierda Nicolás del Caño tienen sus coincidencias. El "solidaridad" esconde algo. Para el discípulo de Elisa Carrió, hay que "llamar las cosas por su nombre", argumentando que el oficialismo buscar sancionar "una nueva ley de plenos poderes".

Con clásicas palabras, para Del Caño el artículo que hace referencia a "garantizar la sostenibilidad de la deuda publica" es "pagarle al Fondo Monetario Internacional, a los especuladores, esa deuda ilegítima". Ricardo Buryaile -ex ministro de Agroindustria- describió que "esto es un impuestazo que condena a miles de productores. Es una cuestión semántica".

La definición que la Real Academia Española le da a la palabra es la "adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otro". En términos durkheimianos, la solidaridad tiene como objetivo buscar que el todo se sostenga mutuamente. Que no se desintegre a pesar de los intereses particulares que componen al conjunto. Porque existen, claro. Pero esa es otra discusión.

Libros enteros hablan de la economía en rojo que marcó a fuego la gestión de Mauricio Macri. Esa herencia es la que se intenta transformar desde la solidaridad, desde el pacto de caballeros -tácito, por supuesto- entre el gobierno y la población. El "poner el hombro" de Cambiemos es la "solidaridad social" del Frente de Todos.

La pregunta que nace es hasta cuándo y cuánto uno tiene que ser solidario. El porqué, codificado en números, está servido sobre la mesa.