jcarrodani@cronica.com.ar 
@javiercarrodani 

A fines de julio, cuando prácticamente nadie avizoraba la amplitud que tendría el triunfo de Alberto Fernández en las PASO unos días después, el economista Guillermo Calvo sorprendió al señalar que un eventual gobierno del candidato peronista tendría más posibilidades que el actual de concretar las reformas económicas que tanto reclaman algunos sectores empresarios y potenciales inversores externos. Se refería, claro, a las reformas laboral, previsional y tributaria.

El argumento de Calvo fue que, por encabezar un proyecto peronista, Fernández tendría de su lado al aparato del PJ y a los grandes sindicatos, que, negociaciones mediante, podrían dar curso a iniciativas que jamás habrían dejado pasar si provinieran de un gobierno no peronista como el de Mauricio Macri.

Ahora bien, si se buscan antecedentes de gobiernos peronistas que hayan llevado adelante reformas como las que se pregonan desde sectores ortodoxos de la economía, que tienden bajar los costos laborales de los empresarios y el peso que para el Estado representan las millones de jubilaciones actuales, el único caso es el de Carlos Menem, allá por la década de los 90.

En esos tiempos, el gobierno que contaba con mayoría parlamentaria aprobó una "ley nacional de empleo", que creó los contratos que los trabajadores llamaron "contratos basura", modalidades de contratación a disposición de los empleadores que privaban a los trabajadores de estabilidad, eliminando o disminuyendo la indemnización por despido hasta entonces vigente.

En el campo jubilatorio, fue la época de la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que conformaron un sistema que claramente fracasó en la Argentina, al punto que fueron derogadas años después, en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

¿Esto quiere decir que, para que la tesis Calvo se concretara, Alberto Fernández debería encarar un modelo de país similar al menemismo? No parece muy factible.