El Senado se prepara para votar la ley de Presupuesto, reclamada por el FMI y negociada ya con gobernadores y legisladores de la oposición que reparte el ajuste económico del año electoral.

Pero al mismo tiempo hay otro acuerdo que crece y podría llegar a ser determinante el año próximo: un proyecto de ley de financiamiento de las campañas electorales. El texto ya tiene dictamen, pero su tratamiento podría demorarse en el recinto de la Cámara Alta, pese al interés del oficialismo en avanzar cuanto antes.

La propuesta fue reflotada con urgencia luego del escándalo de los supuestos aportantes truchos en la campaña de Cambiemos del año pasado  -la investigación sigue abierta-. Desde que estalló el informe del portal El Destape, tanto la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como el propio presidente Mauricio Macri pidieron un cambio en la ley como forma de evitar irregularidades.

El oficialismo intentó en 2016 una reforma electoral (que apuntaba al voto electrónico principalmente) que naufragó por el rechazo del peronismo. Ahora se buscaría  regular la forma en la que los candidatos consiguen el dinero para hacer campaña. Después de cada comicio (meses después), la Justicia Electoral objeta las rendiciones de cuentas y detecta un sinfín de irregularidades. Es algo común a todos los espacios, más allá de la falta de respuestas del oficialismo en este caso particular.

Uno de los puntos principales es la obligatoriedad de registrar todos los aportes y hacerlos vía electrónica. Ya no habrá bolsos con dinero (como se cuenta en el otro gran escándalo judicial del año, la causa de los cuadernos) desde las empresas, sino que todo deberá ser oficial y en blanco, por ende, rastreable. En el 2017, el 90% de los aportes de Cambiemos fueron en efectivo. En eso no hay nadie que se oponga.

También hay acuerdo, y acá sí pese a la polémica, para volver a permitir el aporte de las empresas. La ley electoral lo permitía, pero en 2007 la campaña de Cristina Kirchner tuvo un fuerte impulso de los laboratorios extranjeros, que recibieron luego numerosos favores. No faltaron las sospechas además de aportes de interesados en el narcotráfico, buscando cambiar la regulación de la importación de ciertos precursores químicos para drogas ilegales. En 2009, entonces, el kirchnerismo directamente prohibió esa forma de pagar campañas buscando apagar ese escándalo.

Lo que sucedió desde entonces es harto conocido: las empresas aportan igual. Lo hacen en negro o utilizando a sus gerentes, que aparecen como aportantes personales y no en nombre de una compañía.

Ahora entonces se volvería al inicio, pero el problema persiste. Si son los privados los que permiten que un candidato se convierta en funcionario (desde diputado a presidente), ¿cómo garantizar que no haya una "deuda de favores"? El control es uno de los puntos principales.

Mientras tanto, si se miran los ejemplos del resto de la región la política va en el sentido inverso: en Chile y Brasil (sacudida por incontables casos de corrupción) se prohibieron, mientras que otros países decidieron reducirlo a un monto insignificante.

Un último dato: durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales los encargados de controlar las campañas denunciaron que disponen apenas de ocho (sí, ocho) auditores para analizar las interminables rendiciones de cuentas de los partidos. Aún así marcan las irregularidades de aquello que se declara, y señalan los puntos sobre los que calculan que hubo aportes no declarados. Eso no se modificaría en el proyecto que se preparan a votar los senadores.

¿Cambiar para que nada cambie? Un especialista en la materia, Michael Pinto Duschinsky, compara el flujo de fondos ilegales en las campañas con el agua que baja de un río. "La legislación puede bloquear un curso, pero el agua encontrará otra forma de llegar a su destino".