El 20 de diciembre de 2001, con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, quien hasta último momento no quería dejar el poder, quedó plasmada la peor crisis política, económica y social que vivió la Argentina desde la recuperación de la democracia, en 1983.

La acumulación de más de tres años y medio de recesión había llevado a un aumento del desempleo, a un creciente deterioro de los salarios, a una situación de falta de recursos en las provincias que derivó en que se emitieran cuasimonedas, y a una consecuente suba de la pobreza.

El estancamiento con rumbo declinante que caracterizó a la gestión De la Rúa desde su inicio fue generando rechazo en todos los sectores de la población, a lo que se sumó una presión por parte de fuertes sectores económicos para salir de la convertibilidad, algo que ese gobierno se juramentó no hacer.

 

El debilitamiento político que se evidenció en la fuerte derrota electoral en las legislativas de octubre de ese año inició el proceso que derivó en la debacle de dos meses más tarde. El peronista Ramón Puerta quedó como presidente provisional del Senado y como inmediato en la línea sucesoria presidencial, dado que el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez había renunciado un año antes.

En el plano económico, la estrategia oficial de generar confianza en los mercados fue fracasando una y otra vez. Ni la incorporación de Domingo Cavallo, el implementador de la convertibilidad, ni sus ideas buscando mantener ese esquema convencieron al sistema financiero internacional. Cuando el llamado megacanje de bonos fue leído como algo imposible de cumplir y el FMI dejó de asistir a la Argentina, se produjo la corrida de depósitos, que se intentó frenar con el corralito, lo cual colmó la paciencia de la clase media.

Los cacerolazos en Buenos Aires y otras ciudades del país se sumaron a las asambleas barriales y a los piquetes en las rutas que ya venían registrándose desde los últimos meses del gobierno de Carlos Menem.

 

La declaración del estado de sitio por parte de De la Rúa fue el último intento por imponer autoridad de una gestión que ya había perdido toda legitimidad, al punto que algunos dirigentes y sectores que habían integrado el gobierno durante dos años le retiraron el apoyo al mandatario. Este, luego de ver el desastre en las calles del 20 de diciembre, con los 39 muertos y heridos en todo el país, debió resignarse y presentar su dimisión.

Pero quedó claro que la magnitud del problema era tal, que con la salida de De la Rúa no se solucionaba nada. Eran muy pocos los dirigentes con ánimo de tomar la responsabilidad de asumir el gobierno. El senador Puerta sólo ocupó formalmente el cargo por dos días y entregó el mando al entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien apenas duró una semana en el poder. En ese lapso, alcanzó a anunciar en el Congreso la suspensión del pago de la deuda externa. Pero como tampoco estaba dispuesto a decretar la salida de la convertibilidad, entre otros puntos, muchos gobernadores le retiraron el apoyo y optó por renunciar.

 

El diputado Eduardo Camaño debió ejercer la presidencia porque Puerta también dimitió a la titularidad provisional del Senado, y finalmente el senador Eduardo Duhalde, en acuerdo con Raúl Alfonsín y gran parte de la Asamblea Legislativa, llegó a la Casa Rosada. Se completó así el proceso conocido como "cinco presidentes en una semana", aunque el lapso real haya sido de 12 días.

La salida de la convertibilidad, algo que se consideraba inevitable, también generó gran polémica, pero lo más grave de todo lo ocurrido quedó reflejado en que la pobreza llegó al 46% al momento en que De la Rúa se fue, y superó el 50% en los primeros meses de Duhalde.

El fantasma de 2001 ha sobrevolado en los últimos años en la Argentina, sobre todo luego de los efectos de la pandemia de coronavirus que acercaron las cifras económicas y sociales a las de aquellos tiempos. Es de esperar que el aprendizaje de lo sufrido entonces sirva para aventar cualquier riesgo en ese sentido.