Lawfare: el instrumento que consuma una justicia negociada
Por聽Natalia Salvo
El Estado de Derecho se define por la intermediaci贸n de la ley para la resoluci贸n de conflictos y las garant铆as constitucionales fundamentales para su vigencia: debido proceso, principio de inocencia, juez natural e imparcial, entre otros.
Estos axiomas -al igual que principio republicano de divisi贸n de poderes, son hitos fundamentales para su sostenimiento.-聽
Id茅ntico grado de importancia tiene el derecho a la libertad de prensa no solo para qui茅n la ejerce sino tambi茅n en su faz receptiva -que comprende el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibir informaci贸n veraz, (art. 14 Constituci贸n Nacional, art. 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, art. 19 Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, arts. 13 y 14 Convenci贸n Americana de Derechos Humanos, art. IV Declaraci贸n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).-
La divisi贸n de poderes, el principio de inocencia y el derecho a tener un proceso justo, as铆 como la libertad de prensa en el aspecto receptivo, son vulnerados ante el fen贸meno del lawfare o guerra jur铆dica.-
Hace medio siglo atr谩s las democracias latinoamericanas fueron ultrajadas a trav茅s de gobiernos de facto y la ruptura del orden constitucional por parte de las fuerzas armadas, con el objetivo de suprimir y desaparecer a opositores pol铆ticos e implantar un modelo econ贸mico que necesariamente aniquilaba derechos sociales de mayor铆as.
En la actualidad, con el consenso democr谩tico alcanzado por la maduraci贸n de la sociedad y el repudio absoluto a los cr铆menes de lesa humanidad que conllev贸 la dictadura c铆vico militar, se pretende el mismo fin de supresi贸n y persecuci贸n pero a trav茅s de “golpes blandos” que generan un grave deterioro institucional haciendo peligrar el Estado de Derecho y las garant铆as constitucionales en las que 茅ste se basa.
La guerra jur铆dica o lawfare es un t茅rmino que describe un fen贸meno presente en los 煤ltimos a帽os, que pas贸 del anonimato extremo a ocupar la primera plana de los diarios y redes sociales. Esta centralidad se encuentra en el fin persecutorio para el que sirve esta ingenier铆a.
Existen patrones conductuales y rasgos comunes del lawfare en las distintas latitudes de Am茅rica Latina, que se observaron en Brasil con Dilma Rousseff y Lula Da Silva, en Ecuador con Rafael Correa y en Argentina con Cristina Fernandez de Kirchner, y son los siguientes:
En esta articulaci贸n il铆cita flexibiliza y quiebra la ley hasta pulverizar su contenido, degradando el Estado de Derecho.-
El 茅xito del lawfarre responde a la sinergia, entonces, entre servicios de inteligencia, medios masivos de comunicaci贸n, Poder Judicial y Poder Legislativo.
En s铆ntesis, en el lawfare, el sistema de inteligencia a trav茅s de sus integrantes -o tercerizando tareas en agentes inorg谩nicos- se dedica a obtener informaci贸n, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por su opini贸n pol铆tica, religiosa o activismo social, tareas absolutamente prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional.
Adem谩s, a trav茅s de estas acciones il铆citas –tambi茅n vedadas por la Ley de Inteligencia Nacional-, influyen en la vida institucional, pol铆tica, econ贸mica y social del pa铆s a trav茅s de la degradaci贸n de la imagen p煤blica de representantes pol铆ticos y sociales que incomodan al poder econ贸mico o real.-
El otro eslab贸n trascendental de la cadena est谩 representado por los medios masivos de comunicaci贸n, ya que arman verdaderas campa帽as de difamaci贸n a trav茅s de la infamia como arma de destrucci贸n de la imagen p煤blica de referentes pol铆ticos y sociales. Esta profusi贸n de informaci贸n est谩 totalmente divorciada de las constancias de la causa judicial (si acaso la hubiera) contra quien se pretende difamar y perseguir.
De este modo, los medios de comunicaci贸n producen una justicia medi谩tica que revierte el principio de inocencia de raigambre constitucional (art 18 CN).
Asimismo, en esta sincron铆a, cobra un papel fundamental el Poder Judicial que –a trav茅s de la creaci贸n de falsas doctrinas contrarias a la ley como la llamada “Irurzun”-, lisa y llanamente vulnera el principio de inocencia o el debido proceso con pruebas adulteradas o simplemente ante la ausencia de estas.
El ejemplo por excelencia de esta pr谩ctica il铆cita fue la “causa cuadernos” fundada e iniciada en fotocopias -de las cuales no se puede predicar autenticidad-, de cuadernos que llegaron a manos de un periodista (Diego Cabot) que trabaja para un medio masivo de comunicaci贸n que, a su vez, arrima a un Fiscal Federal (Stornelli, hoy procesado en el D’ Alessiogate por, entre otros delitos, violaci贸n a la Ley de Inteligencia Nacional) sin pasar por el sistema de sorteos de causas.
Es importante destacar que aquellos jueces y juezas que no cedieron al poder a fin de utilizar las causas judiciales como medios de presi贸n resultaron perseguidos por el Poder Ejecutivo a trav茅s de su representante en el Consejo de la Magistratura de la Naci贸n con pedidos de destituci贸n.-
En definitiva, se utilizaban distintas reparticiones y organismos del Estado para difamar y perseguir a referentes pol铆ticos y sociales, siendo el lawfare un verdadero instrumento de opresi贸n.-
Adem谩s de la utilizaci贸n del aparato estatal al servicio del fin persecutorio, tambi茅n se hizo lo propio con determinadas leyes. Un ejemplo cabal fue la Ley del imputado colaborador o del “arrepentido” sancionada en octubre de 2016 y que result贸 una herramienta m谩s de presi贸n para que –frente a la amenaza inminente de aplicar forzada y arbitrariamente la prisi贸n preventiva- los imputados se arrepintieran aportando informaci贸n que desde el mismo Poder Judicial ofrec铆an y que era producto del espionaje ilegal.
Muchos de los “arrepentidos” de los cuadernos fueron previamente espiados, coaccionados y extorsionados para que testifiquen de acuerdo a la voluntad de los funcionarios.-
Es por ese motivo que en las causas de mayor trascendencia p煤blica, los jueces y/o fiscales federales en materia penal incumplieron aspectos sustanciales de la ley del arrepentido, ya que no registraron las declaraciones por un medio t茅cnico id贸neo que garantice la evaluaci贸n posterior como exige la ley.
El Fiscal Stornelli –titular de la Fiscal铆a Federal N掳 4, quien tiene a cargo la medi谩tica causa “Cuadernos”-, omiti贸 deliberadamente el registro f铆lmico de las declaraciones de los imputados colaboradores en el marco de la Ley del Arrepentido, impidiendo la ponderaci贸n de la declaraci贸n con otras pruebas de la causa.-
Tambi茅n el lawfare se materializ贸 a trav茅s del Programa de Testigos Protegidos bajo la 贸rbita del Ministerio de Justicia de la Naci贸n Argentina –con asistencia de las fuerzas de seguridad a cargo del Poder Ejecutivo de la Naci贸n-, que tiene por finalidad garantizar la integridad f铆sica de los testigos e imputados colaboradores.- 聽聽
Este programa fue usado como un m茅todo de premios y castigos para el armado de causas judiciales, forzar declaraciones no voluntarias con la extorsi贸n de agentes paraestatales y de ese modo introducir en el sistema legal informaci贸n obtenida a trav茅s del espionaje ilegal.-
Estas tareas de espionaje fueron realizadas a trav茅s de distintas dependencias y Ministerios utilizando base de datos p煤blicas y registros cuyo dominio se encuentran puramente en manos de funcionarios y pueden ser consultados exclusivamente en caso de orden judicial.-
A fin de ejemplificar, se obtuvo informaci贸n financiera y migratoria a trav茅s de la DNM (Direcci贸n Nacional de Migraciones), UFI (Unidad de Informaci贸n Financiera), AFIP (Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos), PGN (Procuraci贸n General de la Naci贸n), Polic铆a de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmer铆a, Prefectura, entre otras dependencias y fuerzas de seguridad.-
Otro de los organismos que sirvieron de base de sustentaci贸n a la persecuci贸n judicial y pol铆tica fue la DAJUDEJO (Direcci贸n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), el 煤nico 贸rgano del pa铆s autorizado a materializar las captaciones (escuchas) de comunicaciones que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio P煤blico Fiscal.-
La DAJUDECO, depend铆a del Ministerio P煤blico Fiscal hasta que por decisi贸n del gobierno de Mauricio Macri se transfiri贸 su control a la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n Argentina. A partir de all铆, se filtraron escuchas telef贸nicas efectuadas sin resoluci贸n judicial previa, utilizadas como pruebas para armar causas judiciales, como en la Causa Cuadernos.-
Este sistema estructural de intromisi贸n en el poder judicial amerit贸 un pedido de informe por parte del Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, Diego Garc铆a Say谩n, tras la denuncia de tres organizaciones de derechos humanos, en el cual se reclama al Estado Argentino explicaciones sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial.-
Tambi茅n, el Consejo de la Magistratura de la Naci贸n (贸rgano encargado de seleccionar y remover jueces, conforme art. 114 de la Constituci贸n Nacional y Ley 24.937), fue utilizado para como 贸rgano inquisidor ya que a trav茅s de denuncias se iniciaban procedimientos sancionatorios y de destituci贸n a jueces y juezas que sentenciaban en contra de los intereses del gobierno anterior.
En definitiva, impedir que se vulnere el Estado de Derecho a trav茅s de la manipulaci贸n de la ley, la flexibilizaci贸n hasta la destrucci贸n de las garant铆as constitucionales y derechos elementales reconocidos por la legislaci贸n nacional pero tambi茅n internacional, es una tarea necesaria y fundamental para reivindicar la funci贸n de la ley como mediadora de conflictos y no dar pasos a la concentraci贸n de poderes anclados en las clases dominantes que usufruct煤an las instituciones b谩sicas de la rep煤blica y la democracia con el fin de reproducir la desigualdad y la persecusi贸n de aquellos y aquellas referentes que encarnan demandas sociales postergadas.
Reordenar esta situaci贸n no implica impunidad -como deliberadamente se intenta confundir, tambi茅n desde las usinas de los medios masivos de comunicaci贸n-, sino reivindicar la independencia del Poder Judicial del poder pol铆tico pero tambi茅n econ贸mico, impidiendo la judicializaci贸n de la pol铆tica y la politizaci贸n de la justicia.