La Ley Bases y el Paquete Fiscal que la Cámara de Diputados convirtió en ley la semana pasada afectarán de manera concreta a empresas, trabajadores y contribuyentes. Todos ellos tendrán cambios en su vida cotidiana y en sus relaciones económicas.

Uno de los cambios más resonantes es el regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que alcanzará a trabajadores en relación de dependencia solteros que cobren más de $ 1,8 millón por mes (sube a $2,2 millones si son casados). Por encima de ese mínimo, que se actualizará cada seis meses por inflación, se aplicarán alícuotas de entre 5% y 35%. Se estima que al menos 800.000 trabajadores (que habían quedado desafectados a partir de la reforma hecha en octubre del año pasado) volverán a pagar Ganancias.

También se dispusieron cambios para los monotributistas: las escalas se actualizaron en un 400% y lo mismo sucederá con los importes a pagar. Así, la categoría A, la más baja, incluirá a quienes facturan hasta $6.450.000 por año. Pero también subirán las cuotas: el mínimo se irá a $26.000 mensuales.

En Bienes Personales, en cambio, el recorrido será en sentido inverso. El mínimo no imponible se elevó a $100 millones y las alícuotas del impuesto irán en sentido descendente, hasta bajar a un 0,25% a partir de 2028. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.

Habrá otras dos medidas destinadas a obtener recursos para el fisco. Una será la moratoria para regularizar deudas tributarias y de la seguridad social existentes hasta el 31 de marzo de 2024, con una fuerte condonación de intereses. Y la otra es un blanqueo de capitales: se podrán regularizar activos no declarados sin costo, si son inferiores a 100.000 dólares, o pagando un impuesto de 5%, si el monto es mayor.

Relaciones laborales

La Ley Bases, en tanto, modifica fuertemente el régimen laboral. Ya no habrá multas para los empleadores que tengan trabajadores "en negro". Además, se extenderá el período de prueba (hasta ahora de tres meses) a entre seis meses y un año, según la cantidad de empleados de la empresa. Por otro lado, se habilita a incorporar en los convenios colectivos la figura de "fondo de cese laboral", con aportes de trabajadores y empleados, para sustituir la indemnización por despido.

En el caso de los trabajadores estatales, los que se desempeñen en organismos que sean reducidos o eliminados quedarán en disponibilidad por 12 meses. Si en ese período no son absorbidos por otro organismo, se los considerará "desvinculados de la administración pública", lo que abre puertas a una ola de despidos.