Cortar el hilo por lo más delgado forma parte del entramado de las malas costumbres. Hacer “la fácil” para evitar las complicaciones y sacarse, rapidito, el compromiso de encima. Más aún cuando la atmósfera es hostil y representa una piedra en el zapato de los que están en la mira de la opinión pública. El caso de Loan Danilo Peña, al margen de la retirada de algunas de las cámaras que permanecieron en la localidad de 9 de julio desde los primeros días de la desaparición del niño correntino, motorizó una presión mediática que, a lo sumo, contará con apenas un puñado de precedentes. La cual, pese a no constituir su objetivo de máxima, indirectamente “exige” que el pequeño sea encontrado con vida. O, en su defecto, que los siete acusados de haber forzado su ausencia, sigan viendo el sol únicamente por el ventiluz de la celda, por supuesto, de ser finalmente hallados culpables.

Para ser más claros: si fuese por la gente y por el papel que juega el periodismo, con  esa “amenaza” de exponer a la condena social a toda aquella autoridad que obre negligentemente, mañana mismo la jueza Cristina Pozzer Penzo debería bajar el martillo y condenar a todos los detenidos. Sin anestesia, con las pruebas que hubiera y lejos de contar con las evidencias suficientes. “Por las dudas”, digamos, para quitarse de la espalda una pesada mochila. Total, con el pueblo embroncado y apetente de culpables, más los medios de comunicación deseando la frutilla del rating luego de una cobertura eterna (así, no podemos negarlo, somos en este gremio), muy pocos se atreverían a cuestionarla con elementos contundentes sobre la mesa. Este “hambre” de justicia, causado por tantas dilaciones y tardanzas, al parecer contrasta con el andar, lento pero a paso firme, de la magistrada Pozzer Penzo, que por lo que se ve, no tiene la más mínima intención de dejarse llevar puesta: ni por las embestidas de Fernando Burlando ni por la nunca bien ponderada “herencia recibida”, bastante embarrada desde el vamos. La jueza tuvo que empezar su tarea prácticamente de raíz y, como venimos remarcando, luchando diariamente contra el “apuro” del contexto exterior. Harto, lógicamente, por no advertir ningún avance y, lo más grave, por la falta de respuestas sólidas a los papás del nene. 

 

Excepto Victoria Caillava y Carlos Pérez –se desconoce lo del ex comisario Walter Maciel- el resto de los siete detenidos (Laudelina Peña, Fierrito Ramírez, Bernardino Benítez y Mónica Millapi), parecería no tener un pasar de prosperidad y abundancia. Amas de casa y supuestos cuatreros. Presuntos delincuentes, de poca monta, que teóricamente se complotaron para vengarse de José Peña (papá de Loan) y de la abuela Catalina por unos terrenos que la anciana, probablemente, haya vendido hasta “de palabra”. ¿O acaso alguien se imagina a la nona de Loan firmando el traspaso ante escribano público, escritura mediante, o contando una montaña de plata en dólares por la operación, cuando vive –dicho con todo respeto- entre cuatro chapas? Vaya a saber qué le pagaron, ¿no? Más olor a gato encerrado. Otra coartada, a simple vista, que buscaría debilitar la hipótesis de la trata y poner más piedras en el camino, para variar. A Pozzer Penzo se le podrán achacar las demoras y la sensación de estancamiento desde que tomó las riendas de la causa (junio), pero nadie estaría en condiciones de poner en tela de juicio su responsabilidad ni su propósito de escuchar todas las voces todas, para sacar conclusiones sobre bases firmes  y no por las noticias de google. No lo olvidemos: entre los imputados por la desaparición de Loan, el 90 por ciento es pobre. Vulnerable. Esos que, según lo marcan ciertos antecedentes en casos resonantes y en ámbitos con señores feudales y tráficos de influencias, tranquilamente podrían convertirse en el famoso chivo expiatorio y chau. Sencillamente por los prejuicios de los que creen que la humildad es sinónimo de delincuencia. “Como te ven te tratan. Si ven mal, te maltratan, si te ven bien, te contratan…”. Lo firma Mirtha Legrand, pero hasta ahora, por suerte, no hay correlato con las decisiones judiciales.

Que caiga quien tenga que caer, pero por su responsabilidad. No por su condición económica ni por la presión mediática. Mucho menos,  por cortar el hilo por lo más delgado, algo que, claramente, Pozzer Penzo no estaría dispuesta a hacer.