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Desde hace varias décadas, en la Argentina está presente la antinomia campo vs. industria. Esto se traduce de modo concreto en la aplicación o no de impuestos y/o retenciones al sector con mayor capacidad exportadora para subsidiar el desarrollo de diversas industrias, dado que las fábricas habitualmente generan más empleos que la actividad agrícola-ganadera.

En 2008, a causa de la famosa resolución 125, que imponía retenciones móviles, estalló la recordada crisis con el campo, cuyo grado de crispación derivó en la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas que llega hasta la actualidad, más allá del cambio de signo político en 2015.

Precisamente fue el gobierno de Cambiemos el que redujo las retenciones y sinceró el tipo de cambio peso-dólar, que en la práctica implicó una fuerte devaluación y mejoró las condiciones para la producción agrícola. Más allá de que se restablecieron algunas imposiciones al sector por la necesidad de llegar al déficit cero, la trepada del dólar a cerca de 40 pesos potenció su situación favorable.

Prueba de ello es que, según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en noviembre último la cantidad de empleos formales en empresas del sector agropecuario fue de 330.389, un 2,3% superior a la del mismo mes de 2017, que representan 7.580 puestos. Por el contrario, la mayor parte de la destrucción relativa de empleo en el sector privado se concentró en la industria manufacturera, con 1.141.447 trabajadores registrados, una cifra 5,2% menor que la del mismo mes de 2017, con una pérdida de 61.839 empleos.

Nadie cuestiona la importancia del campo como generador de divisas genuinas para la economía nacional, pero deben aplicarse políticas que equilibren las condiciones de prosperidad de ese sector con el de otros que, a la luz de la apertura económica, sufren devastadoras consecuencias.