@flopa01 

La semana que arrancó con el polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el Ejecutivo nacional dio a conocer también el incremento del 53% de los productos y servicios que el Indec considera esenciales para vivir. La cifra que traza la línea de la pobreza ($25.493) es más del doble que el valor actual del salario mínimo vital y móvil.

¿Qué puede ser más apremiante que mejorar un poco los $11.300 de salario básico que sirven de referencia para los sueldos de los empleados en la mayoría de los comercios y las empresas privadas? Varias cosas. Entre ellas la extinción de dominio de bienes sospechados de haber sido adquiridos con dinero del narcotráfico, la corrupción y otros delitos graves, sin sentencia firme.

El anuncio de la norma fue el primero del año en la Casa Rosada, una cuestión procesal no menor a resolver y de utilidad para el país, aunque técnicamente puesta en duda por varios constitucionalistas y bastante criticada por sectores de la oposición a raíz de su anclaje en la campaña electoral.

Parte de la controversia se basa también en el alcance establecido por la Corte Suprema en 2010 para los DNU al puntualizar que las prioridades de un presidente no justifican "la decisión de imponer un derecho excepcional" en "circunstancias que no lo son". Con el dato de este miércoles del Indec, si dos adultos sostén de hogar (con dos hijos) trabajan por el ingreso básico que fijan entre el gobierno, los sectores empresarios y los gremios, ambos no llegan a cubrir la canasta elemental para no ser pobres.

Pero el mínimo vital y móvil actual no fue parte de un acuerdo sino de un decreto. Se definió por esta vía en agosto último una suba del 25% ante la frustrada negociación en plena tormenta cambiaria. La inflación anual fue del 47% y el ingreso base llegará a $12.500 recién en junio próximo, cuando se aplique la tercera cuota.

En Navidad hubo un pedido formal de la CGT para que el gobierno reconsidere. Desde el gabinete aceptaron como "razonable" adelantar el próximo tramo. Eso fue hace un mes y el mínimo sigue inmóvil. Está claro que las circunstancias de muchas familias argentinas sí tienen necesidad y urgencia.