Por Gabriel Calisto
@gcalisto

50 días pasaron desde que Elisa Carrió presentó, tras numerosas idas y vueltas, el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. El desaire del presidente a la última exigencia pública de la líder de la Coalición Cívica dejó en stand by ese vínculo. No hubo fumata blanca con una cena, como solía suceder, pero tampoco hubo ruptura, como muchos especulaban. "El año que viene se definirá, pero ahora no", dijo enigmática la legisladora.

Ayer, tras varios días de silencio y advertencias veladas, Lilita apeló a una serie de mensajes en las redes sociales para atizar otra vez el fuego interno en Cambiemos. No sólo calificó de "fascista" la medida dispuesta por el ministerio de Seguridad, sino que dejó asentado en otro de sus tuits (en este caso, sobre el financiamiento de empresas a campañas políticas) que "no me importa lo que piense el presidente".

La irrupción marcó el abrupto y veloz final del "veranito" del G20 en el gobierno nacional. Apenas 24 horas antes Macri había pedido a todos los argentinos "vivir todos los días con ese orgullo que sentimos el fin de semana". Ese optimismo interno quedó sepultado. Anoche, en tanto, cenaban los referentes del PRO con sus pares de la UCR, buscando cerrar esa otra grieta interna. Cambiemos no terminó de saldar una disputa que ya tiene que atender otra.

Más allá de su diferencia con la medida, que se tomó una vez más sin consultar ni siquiera avisar a sus socios, Carrió volvió a desafiar al presidente. En ese sentido, en la Casa Rosada evalúan todavía la respuesta, más allá de alinearse en fila para defender la decisión. Saben que este podría ser el primero de una serie de capítulos sobre la "mano dura" o las reformas que se plantean en términos de combatir el delito: en la sesión extraordinaria convocada para el Congreso está en el temario un proyecto de modificación del Código Penal. Allí se endurecen varias penas, y no faltan temas polémicos.

El escenario repite lo de octubre. "No vamos a romper, pero no podemos avalar cualquier cosa", dicen desde su entorno. La decisión, sin embargo, dependerá del presidente y su respuesta.

Lo saliente de este episodio es que Carrió encuentra otra vez una Casa Rosada totalmente alineada con Patricia Bullrich, no sólo una ministra con una relevancia considerablemente mayor a la de Garavano, sino una de las preferidas del presidente Macri, que llega además con el éxito de un G20 sin graves incidentes. Hasta ahora, "la piba" tampoco respondió a las críticas. En su entorno hablaban de fastidio, pero también tranquilidad. Si el presidente sostuvo a su ministro de Justicia, es directamente imposible que pueda apartar a una de sus favoritas, que sigue al pie de la letra sus directivas.

Una vez más, y más allá de la posición que tomó la Coalición Cívica, la verdadera grieta en Cambiemos se da entre el gobierno nacional y sus principales distritos: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia. Ni Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño a cargo de Seguridad, ni su par bonaerense Cristian Ritondo querían aceptar el nuevo protocolo. En la Ciudad, los cruces por el papelón de la final de la Copa Libertadores son aún recientes, por lo que no vieron margen para decir que no. "La política de Seguridad entre Nación y Ciudad es una sola", dijo Santilli, que sin embargo aclaró ante cada micrófono que pudo que "nosotros ya tenemos una reglamentación del uso de armas de fuego acorde a la ONU, y ahora podemos hacerlo sobre las armas no letales". Como no puede negarse, cambia el eje.

En la provincia fueron más directos. La fortaleza de María Eugenia Vidal, acostumbrada en los últimos meses a manejar diferencias con la Rosada, se lo permite. Dijeron a Crónica que ellos apuestan "a la capacitación", y consideraron "contradictorio" aceptar ese protocolo cuando en su gestión se decidió incluir charlas de las Madres del Dolor en la educación de los efectivos.

Pese a eso, el ruido grande lo generó una vez más Carrió y sus explosivas críticas abiertas y fulminantes. El nuevo enojo de la "garante de la institucionalidad", como se autodefine, está sustentado en la falta de consideración a sus opiniones. Nadie la llamó ni le preguntó qué pensaba de esta y otras medidas. Un consuelo de tontos: tampoco hubo siquiera un aviso a las áreas de Seguridad de la provincia y la Ciudad.