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Como no sucedía hace mucho, los miembros del Congreso trabajan para eso por lo que cobran -y muy bien-: debatir y sancionar leyes que la sociedad reclama. Por supuesto que hay cuentas pendientes y proyectos muy esperados por amplios sectores de la Argentina que, por distintas razones, permanecen cajoneados.

Pero varias inquietudes comunes adquieren visibilidad, generalmente en sintonía con la decisión de los medios de comunicación de darles relevancia. Y como suele pasar en nuestro país, cada cambio excava un poco más en las profundidades de la grieta. Como con la despenalización del aborto, la recién aprobada "Ley Justina", que reforma la norma de trasplante de órganos, divide las aguas ya que aquí también se habla de vida y de muerte, en distintos contextos.

Inspirada en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre mientras aguardaba un corazón, esta ley dispone que todo mayor de 18 años es donante, salvo que en vida haya manifestado su negativa. Hasta ahora eran los familiares quienes decidían el destino de los órganos de un fallecido.

Las voces en contra basan su postura en motivos religiosos, pero también en el sentido común: la falta de confianza en que el Estado actúe de manera responsable ante esta nueva dinámica. Las historias sobre médicos corruptos que matan a sus pacientes para vender sus órganos se escucharon más que nunca estos días.

Los que apoyamos esta normativa nos basamos en un principio más simple: el ser solidarios no termina con nuestra existencia terrenal. Sólo el que perdió a un ser querido puede comprender la desesperación de ver apagarse una vida porque otra que ya partió no tomó el recaudo legal para un último acto de generosidad.

Como siempre pasa en estos casos, hay personas que se sienten representadas y otras que no. Es parte de vivir en democracia, la única instancia en la que, idealmente, todos estamos de acuerdo.