En las ficciones nunca el primer acusado de un delito termina siendo el culpable. A lo largo y lo ancho del vasto mundo, distintas series policiales vienen repitiendo desde hace décadas la fórmula de mostrar primero algo que parece cierto y luego termina sin serlo. El objetivo es claro y bien visible: generar atractivo en el espectador. 

En la pantalla chica, y en la extra small que cada tanto se usa como teléfono para realizar llamadas, también. Los policias y los jueces suelen tener una conducta impoluta, salvo algún que otro descarriado que nunca falta para ponerle pimienta al asunto.

A lo largo de 45 minutos, los guardianes de la ley llevan adelante la investigación con todos los avances de la tecnología de su lado y son siempre los pequeños detalles los que terminan develando quién fue el autor del hecho. Un pequeño botón perdido, la pluma de un ave exótica, un poco de polvo de otros terruños...

Esa misma representación de la realidad también tiene sus espacios dedicados exclusivamente al accionar de la Justicia. En ellos, los vericuetos legales saltan a la luz capítulo a capítulo y dejan expuesto que hay veces en que los fallos fallan, redundancia buscada mediante, por más que se ajusten a las frías letras de todo lo que está bien para una sociedad organizada. 

La cuestión, y siempre hay una cuestión, es qué pasa cuando en lugar de estar protagonizado por actores que luego del "corten" se van a lavar la cara y siguen su andar como si nada hubiera ocurrido, esos hechos tienen lugar en la vida real y dejan huellas.

Hace poco más de seis años, el 28 de diciembre de 2014, para ser más precisos, Lola Chomnalez salió a caminar por las playas de Barra de Valizas, en Uruguay. La adolescente argentina había ido a pasar parte de sus vacaciones en la casa de su madrina. Dos días después, apareció muerta.

En aquel dramático verano de 2015, el caso conmovió a un lado y al otro del Río de la Plata. En apenas unos días, la causa tuvo más de 10 detenidos, y cada uno de ellos casi casi que era considerado culpable ni bien quedaba encerrado a partir de la información que surguía del propio juzgado que llevaba adelante la investigación.

Hoy, el femicidio todavía no tiene un autor probado, pese a que Ariel "Cachila" Moreira está procesado como “coautor” del delito de “homicidio agravado por alevosía”, el cual prevé en Uruguay penas de entre 15 y 30 años de cárcel, y se sigue buscando al otro hombre que habría participado del crimen cuyo móvil fue probablemente “sexual”.

Con todas las diferencias posibles entre dos situaciones con un final muy distinto, estos últimos días de enero del pandémico verano de 2021 tuvieron también a otra mujer en país ajeno como víctima de un delito aberrante.  

Una joven venezolana fue a una entrevista de trabajo en un comercio de Once, cerca de la clínica donde su padre está internado por un ACV. Terminó rescatada por la Policía luego de un llamado de su madre y denunciando que fue drogada y abusada sexualmente por quien por un rato fue su jefe. De acuerdo a los investigadores,  la chica fue hallada en el fondo del local con el acusado, quien estaba poniéndole los pantalones. 

A Irineo Humberto Garzón Martínez, el imputado en cuestión, se lo investiga por "abuso sexual con acceso carnal". Antes de la "reunión laboral" en su local, había intentado en vano concertar una "cena de trabajo" y, según consta en la denuncia, durante el encuentro que tuvo lugar el sábado pasado por la mañana le dio a la víctima algo para tomar y cerró la persiana del comercio. 

Garzón Martínez está en libertad por decisión de la jueza Karina Zucconi, quien también tiene a su cargo la investigación por el femicidio de Marianela Rago Zapata, la joven fueguina de 19 años asesinada en su departamento de Balvanera en 2010 y por cuyo crimen se sobreseyó al sospechoso Francisco Amador.

La magistrada aceptó el pedido de la defensa al considerar que el imputado no presentaba antecedentes penales, determinó que no puede salir del país e impuso un embargo de sus bienes por 90 mil pesos. También le fijó una prohibición de comunicarse y acercarse a la joven denunciante o a su domicilio en un radio de 100 metros y la obligación de presentarse mensualmente ante el Juzgado, así sea de manera virtual.

El fallo generó el repudio de la familia de la víctima y de distintos representantes de la comunidad venezolana en Argentina. Ya fue apelado por la fiscal que investiga el caso, Silvina Russi, quien declaró: "Hay que preguntarle a la jueza los motivos por los que llegó a la decisión de liberarlo. Entiendo que no tenia todos los elementos para decidir de otra manera, pero creo que no se midió lo que estaba pasando realmente".

La decisión ahora quedó en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si hace lugar al planteo en una reunión que tendría lugar el 8 de febrero. Tanto en la realidad, como en la ficción, que se haga justicia según las normas no siempre implica que esa medida termine siendo justa. El tema es que en la pantalla, los fallos que fallan duelen menos.