Por Javier Carrodani.

Si bien era muy esperada la difusión este jueves de los fundamentos de las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio conocido como "Causa Vialidad", lo cierto es que su valor es estrictamente jurídico. En el plano de la política, no aportó ninguna novedad a la incidencia de ese fallo en la situación política de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque fue una ratificación de algo que ya se conocía.

Como se recordará, el pasado 6 de diciembre los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por encontrarla culpable de administración fraudulenta.

Ese mismo día, la vicepresidenta denunció que el objetivo político de ese fallo era no permitirle volver a competir por la Presidencia ni por ningún otro puesto electivo, por lo que interpretó en los hechos como una movida para proscribirla. En respuesta, comunicó su decisión de no presentarse "en ninguna lista" en las elecciones generales de este año, para no perjudicar al Frente de Todos (FdT) dado que sus detractores explotarían la situación judicial en su contra, pero también en desafío a que alguien "se anime" a ordenar su detención, una vez que no tenga fueros como vicepresidenta, cumplido el mandato el 10 de diciembre próximo.

 

Por todo ello es que, más allá de que la defensa de la vicepresidenta apelará el fallo a la Cámara Federal de Casación Penal, lo principal para ella es evaluar la estrategia que le permita fortalecerse políticamente y de esa forma llegar bien plantada ante una eventual definición de la Corte Suprema.

Desde que anunció su decisión de no ser candidata hasta ahora se ha debatido públicamente sobre si corresponde hablar o no de proscripción. El presidente Alberto Fernández, en su mensaje a la Asamblea Legislativa del último 1° de marzo, optó por el término de "inhabilitación politica" y días después dijo que era el sinónimo jurídico de proscripción, que es una medida de tipo político.

Si bien Cristina hoy está habilitata a postularse a cualquier cargo hasta tanto la sentencia no quede firme, en la práctica puede darse que la Cámara de Casación le ratifique la condena en unos meses y luego la Corte haga lo propio, quizás en plena campaña electoral, lo que la bajaría de los comicios, con el consecuente impacto de dejar al FdT con su jefa política sin poder competir.

También podría ser que, ante una apelación a la Corte, como ésta no tiene un plazo fijado legalmente para pronunciarse, ocurra lo mismo que en el caso de Carlos Menem, quien falleció sin que el máximo tribunal se expidiera sobre la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, más de 20 años después de que empezara a tramitarse.

 

Esos condicionamientos con los que debe manejarse la vicepresidenta configuran a la vez un contexto de incertidumbre respecto del futuro del FdT, en especial en cuanto a cómo definir el candidato presidencial por consenso o los postulantes que competirían en una eventual PASO.

Por lo pronto, agrupaciones kirchneristas realizarán este sábado un acto en Avellaneda proclamando que Cristina definitivamente sea la candidata presidencial de la coalición oficialista.

Mientras tant, autoexcluida la vicepresidenta -salvo algún cambio de parecer o de lectura política de ella-, hay una lista de aspirantes, empezando por el propio Presidente, pero además ya han manifestado su predisposición el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el dirigente social Juan Grabois.

Según fuentes allegadas a la vicepresidenta, ella preferiría que hubiese un candidato de consenso y ese fuera el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque éste por el momento asegura que está muy ocupado con la función pública como para pensar en una candidatura y consecuente campaña electoral

La otra carta posible, y que quizá representaría con más certeza una continuidad de Cristina, es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien sin embargo ya reiteró públicamente si intención de ir por la reelección para completar ocho años de mandato en la provincia.

 

El gran desafío, que por declaraciones de dirigentes de las distintas vertientes del FdT está aún lejos de concretarse, es ir acercando posiciones y fundamentalmente acordar al menos un programa base de la coalición y que sea defendido por todos los referentes, empezando por quienes finalmente compitan por integrar la fórmula presidencial y por los principales lugares en las listas legislativas.

Cristina tiene claro quizá como nadie que sólo preservando la unidad del espacio puede haber alguna chance de triunfo en las elecciones generales, pero a la vez no debe repetirse el error de 2019, cuando se acordó la fórmula pero -como quedó claro durante los innumerables choques internos en el mandato de Fernández- no se hizo lo mismo con el programa de gobierno.

Las internas que también se observan en Juntos por el Cambio, la instalación de La Libertad Avanza, con el liderazgo de Javier Milei, y el intento del peronismo que no integra el FdT de conformar una alternativa referenciado en el gobernador cordobés Juan Schiaretti y en el ex mandaratio salteño Juan Manuel Urtubey, describen un escenario en el que hay mucho por definirse respecto del electorado.