No hay por qué subirse a la ola. Cada vez que la inseguridad se instala en la agenda, con los menores de edad como protagonistas, reaparece la misma y trillada propuesta: bajar la edad de imputabilidad. En Argentina, el debate volvió a cobrar fuerza con las iniciativas del oficialismo que plantean llevarla a los 14 años (hoy es desde los 16), tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe del que participaron otros 3 menores de edad.

Sin embargo, lejos de ser una solución eficaz, la medida choca con evidencia académica, los estándares internacionales y la experiencia comparada. Incluso, no hace muchos meses atrás la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó su informe estadístico del primer semestre de 2025, que reflejaba una baja de los delitos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, ni siquiera en un contexto social altamente volátil se necesitó cambiar la ley para que bajaran los delitos cometidos por menores.

El pedido de bajar la edad de imputabilidad penal no es nuevo. Suele inscribirse con bastante claridad dentro del discurso político de la derecha que, casi por definición, es punitivista. Pero ese discurso no es exclusivo de la derecha argentina, ocurre casi sin variantes en todos lados del mundo. Quienes asumen esa posición suelen poner el foco en la responsabilidad individual, dejando en segundo plano las causas sociales del delito: la pobreza, la exclusión, la falta de acceso a educación, salud o trabajo.

Aunque parezca fuera de moda: endurecer el sistema penal juvenil no reduce el delito; hay bibliotecas llenas que explican con fundamento científico que ampliar el castigo sobre adolescentes profundiza la exclusión y la reincidencia. En el medio obra otro factor no menos importante: la estigmatización. Cuando se habla de bajada en la edad de imputabilidad, suele relacionarse especialmente a los adolescentes de sectores vulnerables.

Con ese mismo razonamiento, se suele sobredimensionar el rol de los menores en la comisión de delitos, aunque las estadísticas digan lo contrario. También se asocia a los jóvenes con la "inseguridad" o "delincuencia" de forma automática, aunque la mayoría de los delitos los cometan los mayores. Y hasta se suelen justificar respuestas punitivas más duras, sin abordar las causas estructurales que las provocan.

Ese énfasis también suele utilizarse para estigmatizar a los inmigrantes. Muchos aún recuerdan la tapa de cierta revista que a principios de los 2000 tituló: "La invasión silenciosa", responsabilizando a los ciudadanos de países limítrofes por la delincuencia, la falta de empleo en Argentina, de vacantes en universidades o hasta por la falta de insumos en los hospitales. Pero el chivo expiatorio no era cualquier extranjero: la publicación aludía a los bolivianos, paraguayos y peruanos. También en esa misma época la tesis estigmatizante fue desmentida con datos de la realidad: el porcentaje de extranjeros en las cárceles, universidades y hospitales era mínima.

Así como en algunos momentos de la historia reciente de Argentina, con múltiples dificultades económicas, que no han sido pocas en los últimos 40 años, algunos discursos apuntaban al "enemigo externo", el inmigrante que venía a delinquir, a ocupar los hospitales, a estudiar "gratis" en las universidades, a "crear" villas de miseria; ahora la nueva parece ser culpar de todos los males a los menores de edad, pero no cualquiera, generalmente se lo relaciona al "marginal", al que viene de los estratos más bajos de la sociedad.

Por supuesto que hay menores de edad que cometen delitos, por supuesto que algunos de ellos son aberrantes como el de Jeremías Monzón, por supuesto que hay que reformar la Ley Penal Juvenil, pero la solución fácil parece ser la punitivista y no la del abordaje social. Estamos en un país con profundas desigualdades, con un deterioro de las condiciones sociosanitarias de gran parte de la población, con problemas urgentes a resolver como el crecimiento de la mortalidad infantil, por lo que ponerse a discutir la baja de la edad de imputabilidad responde a una agenda impuesta y elaborada en los "laboratorios" comunicacionales.