Después de casi 12 años de litigio contra el Estado argentino por la reestatización del 51% de las acciones de la petrolera YPF, se obtuvo un fallo favorable en segunda instancia de la Justicia de Nueva York, lo que revirtió una sentencia inicial que ordenaba el pago a los demandantes de 16.100 millones de dólares más intereses.

Esto que debió ser motivo de celebración general en el país, ya que su importancia económica representa casi como haber ganado un Mundial de Fútbol, se convirtió sin embargo en un motivo más de expresión de mezquindades en el mundo de la política.

Desde cada sector político que estuvo involucrado en algún momento en el juicio se buscó sacar ventaja o rédito político, lo cual pese a no sorprender del todo, no deja de ser cuestionable. Sin embargo, hay niveles diferentes para establecer.

Y esa diferencia surge el dictamen jurídico. Había un consenso generalizado entre los sectores ideológicamente opuestos al gobierno que impulsó esa expropiación en que esa medida no solo era criticable desde lo político y como señal a los mercados, sino también desde lo legal, haciendo causa común con los que demandaban al país una indemnización.

Lo más llamativo fue que, ante la evidencia del fallo que finalmente convalidó la legalidad de lo realizado, a partir de la premisa de que ningún estatuto de una empresa privada puede estar por encima de una ley sancionada por un estado soberano, los que siempre expresaron su desacuerdo con la medida mantuvieron esa postura incluso con más firmeza que con la que expresaron el beneplácito por el resultado favorable al país.

Hasta algunos se aventuraron a señalarle a los apuntados de aquel gobierno -la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ex ministro de Economía, Axel Kicillof- que no buscaran "usar en su favor" el resultado judicial. La pregunta que cabe al respecto es qué haría cualquiera en el lugar de ellos.

Luego de haber sido durante años cuestionados no solo por la decisión en sí -algo totalmente respetable desde la opinión de cada uno-, pero sobre todo endilgándoles el costo económico -que ya muchos daban por hecho- para las arcas públicas, ¿quién no saldría a reivindicar su posición si finalmente un tribunal extranjero -totalmente insospechado de tener afinidades con el kirchnerismo- les concedió la razón? Ya ni esa posibilidad quieren darles los de la otra vereda, envueltos en una soberbia y un dogmatismo tales que aún ante el fallo otorgado igualmente plantearon la teórica "ilegalidad" de la expropiación, herramienta contemplada en la Constitución Nacional.

Se trata de una contradicción que, además de llamativa, puede ser peligrosa para el futuro. Un ex procurador del Tesoro, Sebastián Soler, advirtió en las últimas horas que esa sucesión de críticas ideológicas desde el propio seno político argentino contra la reestatización de YPF -en el sentido de que es algo que espanta inversiones, que plantea dudas a la seguridad jurídica o que pone en cuestión la propiedad privada- pueden generar condiciones negativas para el país en futuros pronunciamientos por causas judiciales que todavía están abiertas en el exterior.

Cada quien puede pensar lo que quiera sobre lo que sea, pero al menos, los que se dedican a la política y a la comunicación pública, que tengan en cuenta el efecto que pueden causar sus pronunciamientos que sobre todo busquen reforzar los lazos con los sectores a los que representan o les caen más simpáticos.