Cada día, sin excepción, las noticias dan cuenta de delitos cometidos por menores. Hurtos, robos y hasta homicidios se repiten con alarmante frecuencia, mientras una sociedad atónita observa -o padece- estos hechos con una mezcla de miedo, resignación e impotencia. Se sabe, de antemano, que el Estado no puede, no quiere o no sabe cómo enfrentar esta problemática estructural que se agrava con el paso del tiempo.

El consumo de drogas entre los llamados "chicos de la calle" -o, más precisamente, chicos en situación de calle- crece de manera sostenida y sin control. Sin la presencia de sus padres biológicos y con un Estado ausente, estos menores ingresan con facilidad al mundo del delito, impulsados por la necesidad de obtener dinero para acceder a sustancias que les permitan escapar, aunque sea por un rato, de una realidad dura, injusta y cruel. Son niños y adolescentes abandonados, desatendidos y sin horizonte.

Frente a este escenario, no faltan quienes proponen como solución la reducción de la edad de imputabilidad penal. Se trata, sin embargo, de un enfoque equivocado que apunta a combatir los efectos y no las causas del problema. Legislar en ese sentido es hacerlo "al vacío", con la falsa expectativa de que una reforma penal, por sí sola, reducirá el delito. Quienes sostienen esta postura -legisladores, jueces o funcionarios del más alto nivel- optan por respuestas simplistas y evitan asumir que la realidad que nos golpea exige políticas profundas y sostenidas. Hoy la imputabilidad comienza a los 16 años; algunos plantean bajarla a 12. Pero existen chicos de menos edad que ya delinquen. ¿Se pretende modificar la ley cada vez que la realidad la desborde? Ese razonamiento no solo es absurdo, sino que resulta inútil para resolver el problema de fondo.

En otros países, como España, y en comunidades autónomas como Andalucía, el Estado interviene cuando un niño se encuentra en situación de desamparo. En esos casos, se suspende la patria potestad o la tutela de los padres y se protege al menor a través de instituciones especializadas que lo retiran de la calle y le brindan contención, educación, alimentación y atención sanitaria. A primera vista, puede parecer una medida extrema quitar un hijo a sus padres, pero la verdadera crueldad reside en permitir que un niño abandonado quede librado a su suerte, sin herramientas, sin protección y sin futuro.

En muchos casos, además, estos menores son utilizados por adultos -e incluso por sus propios padres- para cometer delitos, aprovechándose de su inimputabilidad. La responsabilidad de quienes traen hijos al mundo es indelegable: deben ejercer plenamente la patria potestad que la ley les confiere. Cuando esto no ocurre, es el Estado quien tiene la obligación de asumir ese rol. El ordenamiento jurídico argentino ya prevé estas situaciones: el artículo 307 del Código Civil faculta a los jueces a suspender o quitar la patria potestad cuando los padres abandonan a sus hijos o los inducen a delinquir. Esta sí es una medida orientada a proteger al menor y a prevenir su ingreso definitivo al circuito del delito.

Para la sociedad, estos chicos son, en gran medida, invisibles. Ver a un menor pedir una moneda genera incomodidad, culpa o rechazo; muchas veces ni siquiera se lo mira. Pero ¿cómo se siente un niño en esas condiciones? Sin presente ni futuro, abandonado por su familia y rechazado por una sociedad que elige ignorarlo. El resentimiento crece, y como explican los psicólogos sociales, el único momento en que estos chicos se sienten visibles y poderosos es cuando cometen un delito. En ese instante, aunque sea de la peor manera, existen: son vistos, temidos, reconocidos.

Lo que muchos no quieren admitir es que, detrás de cada uno de esos actos, hay un pedido de auxilio desesperado. Sin embargo, la respuesta social suele ser el deseo de que "desaparezcan": que los encierren o que los maten, para no tener que verlos y así aliviar la culpa colectiva. Esta es la realidad que debemos enfrentar con coraje si aspiramos a atacar las causas -y no solo los efectos- de la inseguridad vinculada a menores en situación de abandono.

Por todo ello, es el Estado el único actor en condiciones -y con el deber indeclinable- de intervenir de manera efectiva. El Gobierno cuenta con las herramientas legales y los recursos necesarios para hacerlo. Resulta inadmisible que se despilfarren fondos públicos en gastos superfluos mientras se desatiende una cuestión prioritaria que compromete los derechos humanos del niño, consagrados por la ONU, y la seguridad de todos los habitantes de la Nación.