Javier Milei impulsa la Ley Penal Juvenil y reabre un debate clave: 驴El endurecimiento de penas reduce el delito juvenil?
El Presidente volvi贸 a pedir penas m谩s duras para menores. La experiencia internacional muestra resultados dispares y reabre la discusi贸n de fondo.
Las palabras del presidente Javier Milei en Mar del Plata -"delito de adulto, pena de adulto"- volvieron a poner en el centro del debate la Ley Penal Juvenil y su alcance sobre la baja de la imputabilidad en la Argentina. El Gobierno nacional confirm贸 que el proyecto para bajar la edad de 16 a 14 a帽os se tratar谩 en sesiones extraordinarias del Congreso, en un contexto atravesado por casos de alto impacto social y una fuerte demanda de seguridad en las calles.
El inter茅s no es nuevo: la iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayor铆a en Diputados y propone habilitar la imputaci贸n penal desde los 14 a帽os, con un esquema diferenciado, con penas alternativas para delitos menores y un m谩ximo de 15 a帽os de prisi贸n para hechos graves. El oficialismo presenta el proyecto como una respuesta a la reiteraci贸n de delitos cometidos por menores y a una legislaci贸n vigente que data de 1980.
Sin embargo, el debate excede la coyuntura local. La pregunta central es si el endurecimiento penal sobre adolescentes redujo efectivamente el delito en otros pa铆ses o si, por el contrario, profundiz贸 problemas estructurales.
Qu茅 pas贸 en otros pa铆ses
Los datos hablan solos: la experiencia internacional muestra que bajar la edad de imputabilidad no garantiza mejores resultados en materia de seguridad.
Dinamarca redujo en 2010 la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 a帽os. Dos a帽os despu茅s, dio marcha atr谩s tras las cr铆ticas del Comit茅 de los Derechos del Ni帽o de la ONU, que advirti贸 un retroceso en est谩ndares de derechos humanos sin impacto positivo comprobable en la reducci贸n del delito.
Un proceso similar ocurri贸 en Georgia, donde el Estado baj贸 la edad a 12 a帽os para delitos graves como homicidio y violaci贸n, pero despu茅s de las fuertes observaciones de organismos internacionales, el pa铆s volvi贸 a fijar el umbral en 14 a帽os.
M谩s a mano de la Argentina, en el vecino Brasil se mantiene la imputabilidad penal desde los 18 a帽os, aunque algunas normativas habilitan medidas socioeducativas desde los 12. Chile fija la responsabilidad penal adolescente desde los 14, con un sistema separado del r茅gimen adulto. Uruguay, en cambio, endureci贸 su legislaci贸n juvenil en la 煤ltima d茅cada, con m谩s tiempo de privaci贸n de libertad para adolescentes, pero los indicadores de reincidencia no mostraron una baja sostenida.
Organismos como UNICEF sostienen que las reformas exitosas en justicia juvenil se apoyan en la prevenci贸n, la inclusi贸n educativa y el fortalecimiento de pol铆ticas sociales, no en el castigo temprano. La ONG remarca que disminuir la edad de punibilidad no demostr贸 eficacia para reducir la inseguridad y s铆 increment贸 la estigmatizaci贸n de j贸venes de contextos vulnerables.
El debate local
En la Argentina, la ley vigente establece que los menores de 16 a帽os no son punibles, aunque permite intervenciones judiciales que pueden incluir internaciones en institutos. El nuevo proyecto formaliza la posibilidad de condena penal desde los 14 a帽os y limita la c谩rcel para delitos con penas menores a tres a帽os, pero habilita prisi贸n efectiva para hechos graves.
El Gobierno sostiene que el cambio corrige una "zona de impunidad". Los organismos de derechos humanos advierten que el foco vuelve a colocarse en la sanci贸n y no en las causas del delito juvenil. El caso del crimen de Jerem铆as Monz贸n, en Santa Fe, reactiv贸 la discusi贸n p煤blica y tension贸 posiciones.
En un contexto en el que la inseguridad sigue como foco de un debate que no encuentra soluci贸n aparente, la frase de Milei, ayer mientras recorr铆a "La Feliz", pareci贸 condensar una demanda social extendida, pero la evidencia internacional plantea un interrogante inc贸modo: castigar antes no siempre implica delinquir menos. El Congreso entra en tiempo de descuento para enfrentar la responsabilidad de decidir si una nueva ley de imputabilidad responde a datos comprobables o a una respuesta pol铆tica frente al miedo y la urgencia social.