Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fueron llamados a prestar declaración indagatoria por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. La convocatoria fue dispuesta por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien convocó al exseñor 5 para el jueves 8 de julio a las 11 y a la exseñora 8 para el 15 del mismo mes.

 

El supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan fue solo una parte de las tareas de inteligencia ilícita desplegada desde las denominadas bases AMBA que instaló la AFI de Mauricio Macri en el territorio de la provincia de Buenos Aires, según surge del expediente.

 

 

Se sospecha que el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes tuvo que ver con el intento del gobierno de Cambiemos de tener controlado a un colectivo que exigía, durante fines de 2017 y fines de 2018, que se encontrara al submarino. El juez Bava también convocó a indagatoria a otros seis imputados, entre ellos el exjefe de la base de la AFI en Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, ya procesado por otros hechos de espionaje ilegal.

 

Los primeros convocados son los exresponsables de la AFI y, luego, desde el 12 de agosto al 16 de septiembre, se programaron las restantes i ndagatorias de Iuspa Benítez, Javier Villalba Contestabile, Pablo Arbeo, Ameli Peyri, Critian Grimald y Sabrina Pascale, todos exagentes de la central de espías. Por otro lado, el juez ordenó formar un "legajo de prueba de carácter reservado" en virtud de tratarse de documentos entregados por la AFI sobre "los que pesa la obligación legal" de mantener secreto. El legajo podrá consultarse solo en forma presencial en el juzgado federal de Dolores sin posibilidad de sacar copias p orque el contenido se encuentra amparado por el secreto previsto en la Ley Nacional de Inteligencia. La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.