La defensa de Jorge Ríos, el jubilado que permanece en prisión domiciliaria tras matar a un ladrón que ingresó a robar a su casa de Quilmes, recusó al fiscal de la causa, Ariel Rivas, por los presuntos maltratos a los que su cliente fue sometido mientras estuvo preso en la fiscalía y en una comisaría y por no permitirle un acceso a la causa, informaron este lunes fuentes judiciales.

El pedido de recusación fue presentado esta mañana por los abogados Marino Cid Aparicio y Fernando Soto, quien se sumó este lunes a la defensa luego de la renuncia de Hugo Icazati.

En el escrito de la defensa, Cid Aparicio y Soto pidieron la recusación del fiscal en base al presunto “incumplimiento de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la restricción al acceso y control de pruebas, y a la omisión de acciones concretas de investigación penal”.

 

Los abogados mencionaron que Ríos recibió un “trato inhumano y degradante” y denunciaron que, antes de ser indagado, el jubilado estaba esposado en la fiscalía, pese a sus 71 años.

“En las décadas de profesión que llevamos como letrados, es la primera vez que asistimos a un detenido anciano con bastón, esposado, sin presentar el menor peligro para sí ni para terceros, y con personal policial constantemente a su lado”, afirman los abogados.

Además, acusan al fiscal de haberle dicho a las 10.30 del sábado de la indagatoria a Cid Aparicio que Ríos “no iba a quedar detenido” y que a las 12.30, ya en la sede de la fiscalía, le informaron al defensor que “quedaba detenido”.

 

 

 

También denuncian que la primera noche que pasó en la comisaría preso, Ríos tuvo que “dormir en el piso” de una oficina y que luego de la indagatoria ya lo dejaron en un calabozo donde sufrió una “descompensación” que motivó su traslado al hospital de San Francisco Solano.

“Mantener a nuestro asistido esposado en los traslados policiales y durante la permanencia en sede judicial, y su alojamiento en una celda pese a la evidente fragilidad de su salud, es claramente una grave violación a sus Derechos Humanos especialmente reconocidos en el Convenio Interamericano”, agregan.

En cuanto a la supuesta “restricción de pruebas”, los abogados denunciaron que luego de la indagatoria la defensa concurrió a la fiscalía para “poder acceder al expediente y conocer la investigación penal” y que allí “día tras día” les informaban que “el expediente no estaba disponible”.

 

 

 

También mencionaron que si bien ya se había difundido por los medios el resultado de la autopsia del ladrón muerto, en la fiscalía le negaron esa pericia a la defensa y recién se la entregaron tras un reclamo formal.

También cuestionaron al fiscal por no haber notificado a la defensa de la ampliación de la declaración que se le tomó en sede judicial al testigo clave, el colectivero que pasó con su auto y dijo haber escuchado cómo Ríos efectuó tres disparos en el sitio donde murió el ladrón Franco Moreyra.

Sobre la “omisión de acciones de investigación penal”, la defensa le endilga al fiscal no haber realizado ninguna diligencia relativa a determinar si hubo legítima defensa, como peritajes a los “techos deformados” por donde escaparon los asaltantes, ni para “comprobar la existencia de disparos en el lateral de los techos del inmueble" del jubilado.

 

 

"La continuación de la investigación no puede seguir bajo la dirección del ahora recusado"

“Estas omisiones de investigación develan una evidente actitud restrictiva y subjetiva del fiscal”, afirman Cid Aparicio y Soto, quienes sostuvieron que "la continuación de la investigación no puede seguir bajo la dirección del ahora recusado, puesto que ha perdido la necesaria objetividad en el desempeño de su Magistratura".