En la localidad santafesina de Cañada de Gómez, una mujer de 36 años quedó arrestada bajo la condición de prisión preventiva por haber realizado el aborto de sus propias hijas gemelas, para luego enterrarlas en el patio de un vecino. El hecho habría ocurrido entre el 29 y 30 del pasado mes.

 

La fiscal de la causa, Gabriela Lescano, investigó y culpó, ante el juez Álvaro Campos, que "la acusada provocó la expulsión de dos gemelas neonatas con vida de aproximadamente 30 semanas de gestación para lo que ingirió pastillas con el fin de provocar el aborto".

 

En ese sentido, la mujer cuyas iniciales son D.L.T, según detalló el Ministerio Público Fiscal de la región, inició el aterrador suceso en su vivienda de la calle Bolívar al 900, justamente "en el baño donde reside". Sin embargo, el hecho no finalizó allí, ya que acudió a enterrar a las bebés neonatas en el patio trasero de su vecino, de nombre M.G, y se presume que haya actuado con la complicidad del lindante.

 

Una denuncia anónima de una vecina de Cañada de Gómez alertó a los investigadores, quienes por orden de la fiscal del caso, ordenaron el allanamiento de la vivienda. Los inspectores constataron los rumores de la acusación y encontraron en el patio lindero al hogar de D.L.T los cadáveres de las dos pequeñas neonatas.

 

 

 

A partir de esta ocasión, la fiscal Lescano pidió la prisión preventiva tanto de la mujer como el hombre coautor del crimen, ambos con 45 días tras las rejas hasta que se clarifiquen los hechos. Para la interventora, el caso debe partir de la base como el delito de "homicidio agravado por ser descendiente".

 

Disconformidad por la prisión preventiva de la acusada

 

 

El caso generó revuelo y controversia en las redes sociales. La cuenta oficial de Twitter de la Campaña por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito de Rosario lanzó un comunicado expresando su "preocupación" por la decisión de la justicia con la prisión preventiva por 45 días de la mujer.

 

 

En esa línea, la agrupación puso la voz en alto tras el dictamen hacia D.L.T  ya que no se puso en consideración "su vulnerable estado de salud", y que representa una "violación a las garantías constitucionales del debido proceso".

 

Desde las redes sociales argumentaron que la decisión afecta su estado de salud ya que en ningún punto del procesamiento consideraron la mujer "está transitando el estado de puerperio y además atraviesa un cuadro de consumo problemático".

 

Además, consideraron que junto con el vecino, atraviesan "una situación de extrema vulnerabilidad" estando detenidos, y que la fiscalía actuó en "exceso de rigor punitivista". En ese punto, llamaron a revisar "las normas legales de la investigación", y que se considere "salvaguardar los derechos de una persona que es víctima a su vez de una situación de desamparo".