En todo el distrito de Cañuelas se repiten los reclamos, los malestares e incluso los ruegos tanto de los propietarios como de compradores debido a una escalada de usurpaciones y tomas de terrenos para su posterior comercialización.

Una práctica cuyo foco radica en las tierras vírgenes de las zonas rurales, así como también en las cercanías del casco urbano.

Los denunciantes afirman que los apropiadores sacan provecho de la ausencia de los dueños y del municipio para lotear las parcelas, erigiéndose de esa forma un millonario procedimiento inmobiliario.

"En febrero le pedimos un informe a la intendenta Marisa Fassi, pero nunca tuvimos respuesta", señaló el concejal Leo Iturmendi ante Grupo Crónica.

La exigencia mencionada por el legislador se vincula con una oferta de lotes que en ese momento se llevó a cabo en las inmediaciones de una torre de tensión ubicada en la zona del Triángulo de Casares. Por su intervención, Iturmendi aseguró que dicha iniciativa "quedó en la nada".

Pero dejo en evidencia que "el municipio debería ajustar más los controles y debe informarle a la comunidad tanto los requisitos como los protocolos para adquirir una vivienda. Los controles son laxos", añadió Iturmendi.

En la misma línea, su par Natalia Blasco aseguró ante este medio que "la municipalidad mira para otro lado, no acude al lugar, tampoco exige un plan de obra, no controla la documentación con la que se ofrece ese terreno ni tampoco cuenta con un protocolo de desalojo".

Asimismo, ambos integrantes del Concejo Deliberante detallaron cómo es el accionar: "Una vez que detectan un terreno virgen aparece un fulano en las redes sociales vendiendo lotes, a precios muy por debajo del mercado".

"La gente los compra de buena fe y con boleto", detalló Blasco. En tanto, Martín Narducci, abogado que intervino en diferentes disputas judiciales de esta índole en Cañuelas, reveló que "existe una averiguación previa para determinar si el campo está abandonado".

Y añadió: "Luego ese lote se ofrece diciendo que tiene veinte años de posesión, les hacen un boleto de compraventa a nombre de otro y después explota el conflicto. Para ese momento, el titular de esos derechos desapareció. Incluso los llegan a vender dos o tres veces más".

Las transacciones se realizan en dólares, a valores que varían según la ubicación de la tierra "en venta".

En puntos más residenciales, una parcela de 12x40 metros ronda los USD60.000. Un costo muy superior al que se oferta en las zonas rurales del municipio, como por ejemplo Villa Adriana, Los Pozos y Santa Anita, donde un terreno de 10x25 metros se entrega por USD12.000, mientras que de 10x35 metros se ofrece a USD16.000, uno de 20x35 metros a USD30.000 y uno de 10x20 metros a USD10.000.

La operación se rubrica con la firma de un escribano, que habitualmente no está domiciliado en Cañuelas, de acuerdo con lo informado por los damnificados. Una documentación que les presentaron a Rubén Barrera aquellos que él denunció por usurpación.

"Tenían escritura", señaló Susana Alaniz, esposa de Barrera, en referencia a uno de los seis terrenos que el hombre de 67 años asegura haber heredado en la manzana 34H, situada en el cruce de Sargento Lemos y Fray Luis Beltrán, del barrio Los Aromos. El lote es objeto de un conflicto judicial con otra familia que aseveró haberlo comprado hace cuatro años. Al respecto, Alaniz relató: "Estábamos enterrando a mi suegro cuando nos avisaron que habían ingresado en una de las parcelas. Nos acusaron a nosotros que le habíamos ido a pegar, nos llevaron a la comisaría 1ª de Cañuelas".

Sin embargo, la mujer aclaró: "Cuando mostramos las cámaras de seguridad ubicada frente a esa tierra confirmaron que nosotros no estábamos allí". No obstante, el litigio continúa y los presuntos damnificados reconocieron "irregularidades" de Norma Pippo, fiscal de la UFI N° 1 de Cañuelas, quien los trató como "delincuentes". "Cuando le presentamos todos los papeles se declaró incompetente", sentenció Alaniz.

Por si fuera poco, la familia Barrera aseguró haber sufrido una nueva usurpación, esta vez en otro lote de la mencionada ubicación. El municipio cuenta con una Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones que no arrojó resultados prósperos, según consideraron aquellos que reclaman su propiedad, ya sea porque se las usurparon o porque fueron víctimas de estafas.