Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a Cristina Fernández Kirchner, está alojado en la cárcel de Ezeiza. Esta aislado y controlado durante las 24 horas por cuestiones de seguridad. En su pabellón hay un salón de usos múltiples con televisión donde mira noticias. Es ahí donde pasa gran parte de su día hay una mesa, un anafe y un ventilador. Puede acceder a un patio, pero sin cruzarse con otros detenidos.

Lleva cinco meses negándose a recibir a su defensor oficial, Juan Martín Hermida. Quien pide al menos verlo. Solo lo ve por una de las pantallas del circuito cerrado que lo monitorea las 24 horas.

Tampoco o acepta que lo entrevisten los psicólogos, ni recibe visitas. Manda cartas con pedidos imposibles. Pidió que lo defienda Diego Luciani, el fiscal que acusó a la vicepresidenta  en el caso Vialidad y que consiguió que la condenaran a seis años de prisión.

Las cartas están destinadas a la “Cámara oral en lo criminal federal número 2 a cargo de los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu” , son los jueces que condenaron a la vicepresidenta. Les pide que “recusen a la jueza Capuchetti y tomen la causa”. Esto es desde lo procesal imposible. 

El detenido dio una entrevista telefónica a C5N en la que dijo que había actuado solo y que no se arrepentía. El fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la causa del atentado, pidió que a Sabag Montiel se le restrinjan las comunicaciones. “Dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad, habré de sugerir al Tribunal que se disponga restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario, a su defensa y/o allegados autorizados específicamente por él”, le solicitó Rívolo a María Eugenia Capuchetti, quien solicitó la opinión de las partes antes de decidir. 

El defensor oficial se opuso, porque considera que el fiscal no explicó “cómo es que las comunicaciones que eventualmente reciba” el acusado “podrían poner en peligro su seguridad”. Sostuvo que la medida así afectaría su libertad de expresión.

La respuesta  sostiene que Sabag Montiel llegó a la cárcel de Ezeiza el 28 de septiembre pasado, que desde entonces está “alojado en el sector de Área de Observación Continua (AOC), en la celda N° 01 dependiente del Servicio Psiquiátrico para Varones”.

Agrega que “se designó al personal del Grupo Especial de Rápida Intervención (GERI) con el fin de supervisar todo tipo de movimiento que se efectúe para con el interno” y “salvaguardar” su “integridad psicofísica”.

El sector “cuenta con cámaras de videovigilancia con monitoreo permanente”. En la celda número 1, que ocupa, tiene una cama con colchón ignifugo, una “taquilla amurada” para sus “elementos personales” y “bacha e inodoro antivandálico”.

                                                       Hay un salón de usos múltiples que tiene “un teléfono fijo para realizar y recibir llamadas”.  En las dos cartas que él escribió desde la cárcel Sabag Montiel aportó un número de teléfono que cimienza “15.

El detenido incluyó el “15 por error y se trata del teléfono público del pabellón. Durante el día su celda está abierta Sabag Montiel tiene acceso al salón de usos múltiples donde está ese teléfono.

En este caso como en su sector es el único detenido puede usar el teléfono cuando quiere porque no tiene que compartirlo con nadie.  Desde el Servicio Penitenciario sostuvieron que sin una orden judicial no pueden limitarle las comunicaciones al detenido.

Se informó que se dio aviso a las “áreas de psiquiatría y terapia ocupacional”, para que lo asistan, y a la de “Educación” para determinar cuál es su instrucción y “también bridar herramientas recreativas”. Pero que el detenido no demostró ningún interés por ninguna de las propuestas que se le brindaron.

Además cada vez que Hermida va a verlo, el Servicio Penitenciario debe levantar un acta donde quede asentado que Sabag Montiel no quiso recibirlo.  Hermida le mandó un oficio a su jefa, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pidiéndole instrucciones. Le contestó que debía seguir adelante porque el sistema de defensa pública no habilita al imputado a elegir a su defensor.