Ocho personas, acusadas de integrar una banda de estafadores que se dedicaba falsificar títulos secundarios, terciarios y universitarios, fueron detenidas al cabo de doce allanamientos en localidades de la zona sur y oeste del conurbano. Los documentos "truchos" eran vendidos entre los 4 y 20 mil pesos. 

La denominada banda del "Jinete Negro", en referencia al apodo de su cabecilla, confeccionaba títulos de diferentes casas de estudio, tanto públicas como privadas. Ofrecían sus servicios a través de páginas web, diarios y folletos entregados en la vía pública y cobraban hasta 20 mil pesos, dependiendo el nivel y el establecimiento educativo. 

En la causa, que lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Claudio Bonadio, fueron individualizados ocho integrantes de la banda. 

El cabecilla fue identificado con el apodo de Jinete Negro, quien estaba a cargo de llevar adelante toda la operación, supervisándola desde el inicio hasta el fin. Su socio, alias El Gordo, era el contacto con los clientes, a quienes les requería por Whatsapp toda la información necesaria para confeccionar los títulos y luego los entregaba.

Otro de los detenidos es un hombre apodado El Peque, que obtenía firmas, promedios y establecimientos educativos; mientras que El Turco era el imprentero y conseguía la materia prima para confeccionar los documentos y los sellos. 

Por su parte, Bamban era el contador de la banda y, con la ayuda de El Bicho, manejaba la cuenta bancaria para que los clientes depositaran los pagos. La única mujer de la organización, La Princesa, tenía a su cargo las relaciones públicas y la atención de los interesados en comprar los títulos "truchos"; a la vez que Nacho ocultaba las huellas y los elementos constitutivos de ilícito, informaron las fuentes policiales.

A los cientes, pedían fotos 4x4, DNI y sus datos básicos para falsificar un título y entregarlo en menos de 48 horas. En todos los casos, la persona que ofrecía los servicios aseguraba a sus clientes que quedarían inscriptos en todas las dependencias pertinentes de manera "legal".

Investigadores estimaron que los criminales operaban desde hace tiempo con un importante grado de profesionalismo, ya que tenían sellos de organismos nacionales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza, como así también de funcionarios autorizados a legalizar los títulos, tinta y papel especial para imprimir analíticos de buena calidad. 

Tras las pesquisas, el juzgado interventor libró 12 órdenes de allanamiento que se llevaron a cabo en Lomas de Zamora, Avellaneda y Morón, donde se logró detener a los ocho integrantes de la banda.

Durante los allanamientos, secuestraron títulos recién confeccionados que no llegaron a entregarse, dos impresoras láser de última generación, dinero en efectivo y elementos tecnológicos utilizados para concretar los trabajos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, en la causa caratulada como "falsificación de documentos públicos". Las pesquisas estuvieron a cargo de efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad.