Casi 1.200 presos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires permanecían este jueves en huelga de hambre en reclamo de que se agilicen los reclamos judiciales para otorgarles distintas morigeraciones en sus condenas, entre ellas prisiones domiciliarias, salidas transitorias o excarcelaciones, entre otras.

Fuentes judiciales aseguraron que durante la jornada del jueves se sumaron a la huelga de hambre más de 300 presos de la Unidad Penitenciaria 41 de la ciudad de Campana, hacia donde concurrieron distintos funcionarios del Ministerio de Justicia provincial e integrantes del Comité Provincial por la Memoria (CPM).

Según las fuentes consultadas, hasta el mediodía de este jueves, se hallaban en huelga de hambre 140 presos de la Unidad 12 de Joaquín Gorina; 26 de la Unidad 27 de Sierra Chica; 25 de la Unidad 31 de Florencio Varela; 22 de la Unidad 33 de Mujeres de Los Hornos; 42 de la Unidad 39 de Ituzaingó; 527 de la Unidad 48 de San Martín; 332 de la Unidad 41 de Campana y 70 de la Alcaidía Pettinato, de Olmos.

 

Los presos exigen que se cumplimente el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense que ordenó que se le otorgue prisión domiciliarias a quienes se encuentren dentro de la población de riesgo, es decir personas mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes que favorezcan el contagio y la complicación de un cuadro de coronavirus.

Según las fuentes, muchos de los presos que participan de la huelga de hambre son internos que ya estaban gozando de salidas transitorias y que, como consecuencia del aislamiento, fueron suspendidas y permanecen alojados dentro de los penales hasta que se levante el decreto del gobierno nacional.

 

 

 

"Esos presos pretenden que se los libere y que cumplan la cuarentena en sus domicilios", dijo una fuente judicial.

Otros detenidos que participan del reclamo son aquellos que forman parte del grupo de riesgo y que están aguardando que el juez que interviene en su caso firme su prisión domiciliaria.

"Es que Casación pidió que se les otorgue la prisión domiciliaria pero ordenó que sean los jueces que intervienen en cada caso quienes firmen las salidas de las cárceles, tras analizar los informes penitenciarios y la situación familiar y social de cada uno de ellos", explicó el investigador.