Un jurado popular dará a conocer este viernes el veredicto del juicio que se le sigue a 13 policiales por el crimen de Blas Correas (17), ocurrido en agosto de 2020 durante un control vehicular cuando el adolescente movilizaba en un auto con cuatro amigos en la ciudad de Córdoba.

El inicio de la última audiencia en este proceso está previsto para las 9.30 en la sede de los Tribunales de la capital provincial, cuando los acusados tendrán el derecho de ejercer sus últimas palabras.

 

 

Luego, el Tribunal de la Cámara 8° del Crimen informará al jurado popular los lineamientos para que pasen a deliberar y den a conocer el veredicto.

En los alegatos del juicio -que comenzó el 7 de septiembre último, se extendió durante 36 audiencias y declaró medio centenar de testigos-, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra solicitaron que se condene a todos los policías imputados, pedidos a los que adhirieron las partes querellantes.

La posición de la madre de la víctima

"No tengo dudas que los 13 son culpables", manifestó a Télam Soledad Laciar, madre de Blas, y añadió que también espera con mucha expectativa las últimas palabras de los acusados. "Espero que no se les ocurra pedir disculpas. Lo que necesito es que digan la verdad, eso que ayudaría a salir un poquito más liviana de este juicio", advirtió.

"Ya los abandonó el Gobierno (provincial), los abandonó la Policía, todos los abandonaron. Sus familias no lo van a abandonar si son honestos, si dicen la verdad de lo que pasó", resaltó la mujer, al tiempo que reclamó al tribunal y al jurado popular que "dicte sentencia justa, para que nunca más haya víctimas de la violencia institucional".

Asimismo, anticipó que su lucha "no termina con este juicio", ya que avanzará en su pedido por "el segundo juicio" para los "responsables políticos". Y argumentó: "Es necesario esclarecer todo para que la gente vuelva a confiar, vuelva a creer en la Policía, que debe cuidarnos y no matarnos".

 

 

El abogado Manuel Gutiérrez, representante querellante de Mato Natali (19) -uno de los cuatro acompañantes de Blas Correas en el automóvil baleado-, también consideró en declaraciones que "todos los imputados son responsables en distintas medidas, por lo tanto corresponde que las sentencias sean condenatoria" y criticó a la defensa de los policías que pidieron la absolución de 12 de ellos.

"Pareciera que no cometieron ningún acto ilícito, que están sentados frente al tribunal y el jurado por error. Están convencidos que toda la acción desplegada ha sido correcta", dijo, indignado, tras la cual agregó que el silencio sobre la verdad forma parte de la "obediencia desmedida hacia la estructura jerárquica, que no es otra cosa que un complot de encubrimiento".

El inicio del caso

Según la investigación, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención, en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Lucas Gómez (37), "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero Javier Catriel Alarcón (33), "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para eso".

 

Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por traumatismo de tórax causada por el proyectil.

Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías "plantaron" un arma en las cercanías donde luego ocurrió la balacera.

Blas Correas murió cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes.

Los fiscales y las querellas, en sus alegatos, solicitaron "prisión perpetua" para Gómez y Alarcón, al considerarlos "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego".

También por los delitos de "homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos-, en concurso ideal, y todos ellos en concurso real".

 

Además, los fiscales pidieron seis años de prisión por "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho y omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal", para el subcomisario Sergio González (44), el comisario Juan Antonio Gatica (46); y los comisarios inspectores Jorge Galleguillo (46) y Walter Soria (45).

La oficial ayudante Yamila Martínez (25) y el subcomisario Enzo Quiroga (36), en tanto, enfrentan pedidos de condena de cinco años y nueve meses.

El cabo Ezequiel Vélez (25) tiene pedido de condena de cinco años y cuatro meses; mientras que para el agente Rodrigo Toloza (29), el cabo Leonardo Martínez (20); el oficial ayudante Ezequiel Vélez (24) y la agente Wanda Esquivel (34) es de cinco años.

En el caso de Esquivel, la mamá de la víctima pidió al tribunal y al jurado popular "atenuar la pena si colabora con la investigación", como lo hizo durante la instrucción de la causa en aportar datos para el esclarecimiento de los hechos.

Los fiscales también habían solicitado que algunos de estos acusados sean investigados por otros hechos, además de extender la investigación al ministro de Seguridad al momento de hecho, Alfonso Mosquera, y otros funcionarios de esa cartera y de la institución policial.