Los seis imputados por la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez hace 14 días en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, son trasladados este jueves a cárceles federales de Salta y Chaco pese a que realizaron diversas presentaciones negándose a la resolución.

Minutos después de las 8, cinco de los detenidos se subieron con la cara tapada a un camión de la Policía Federal. Se trata de María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y el comisario Walter Maciel que serán alojados en el complejo 3 de Güemes en la provincia de Salta. 

En tanto, el sexto imputado, Daniel “Fierrito” Ramírez, se espera que en las próximas horas sea enviado a la Unidad 7 de Chaco.

 

Ante la resolución, varios de los acusados presentaron habeas corpus por la lejanía con sus familias y porque sus abogados deberán viajar muchos kilómetros para tener reuniones con sus clientes. Por su parte, el comisario manifestó que corre riesgo su vida por lo que solicitó quedarse en Corrientes. 

Sin embargo, la Justicia Federal desestimó los pedidos y dispuso que la medida se concrete en estas horas.

Los detenidos

Por la desaparición de Loan están imputados el capitán de navío de la Armada retirado Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, ambos acusados como coautores materiales de la captación con fines de explotación.

En tanto, Antonio Benítez y Mónica del Carmen Millapi están acusados de ser partícipes primarios de ese delito junto a Daniel “Fierrito” Ramírez.

El otro de los detenidos, el comisario Walter Maciel, está acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor.

 

Esta semana, luego de que Ministerio Público Fiscal de Corrientes planteara la incompetencia para seguir al frente de la investigación, la Justicia Federal quedó a cargo de la causa por la desaparición de Loan. 

El caso es investigado por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Tanto la Protex como el fiscal federal Mariano de Guzmán le pidieron a la magistrada que acepte la competencia del caso. Para ellos cobra fuerza la hipótesis de que la criminalidad organizada está detrás de la desaparición del niño de 5 años.

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