Una banda dedicada a cometer estafas con tarjetas de crédito y documentación apócrifa, con datos obtenidos de centros de testeos y vacunación contra la Covid-19, fue desbaratada por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). La misma se dedicaba a la confección de Certificados de Vacunación o Pases Sanitarios apócrifos o adulterados, los cuales cobraba por un valor de entre 10.000 y 15.000 pesos. Las tareas investigativas fueron llevadas a cabo por los efectivos del Departamento Delitos Fiscales, que permitieron determinar que la banda estaba integrada por tres personas, entre las que se encontraba una empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cumplía funciones en uno de los Centros de Testeo porteño. Según los voceros, la organización operaba con datos filiatorios, fotografías, correos electrónicos, números de teléfonos, entre otros elementos que aportaba al resto de la organización para que realicen las mecánicas defraudadoras. Paralelamente a ello, tras las escuchas telefónicas, se supo que la mujer estaría ofreciendo hisopados a domicilio y posiblemente la confección de Certificados de Vacunación o Pases Sanitarios apócrifos o adulterados, los cuales cobraba por un valor de entre 10.000 y 15.000 pesos.

Con todo el material probatorio el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, 12 a cargo de Ariel Oscar Lijo, ordenó tres allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires donde se logró la detención de los sospechosos. En los operativos secuestraron decenas de tarjetas de crédito de diferentes personas, documentación, posnet, lectores de bandas magnéticas, equipos de telefonía, computadoras, dispositivos para captar información de plásticos, impresoras de tarjetas plásticas como también gran cantidad de kits para testeos de SARS-CoV2 “Covid-19”. Así como también habían sellos del Ministerio de Salud del GCBA, libretas y carnet único de vacunación para SARS-CoV2, elementos para tomas de muestras, hisopos, tubos, reactivos para testeos. Los detenidos, dos hombres y una mujer de nacionalidad venezolana, y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

 

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