La investigación se inició en febrero de 2017 durante un control vehícular realizado en la Ruta 12 altura Zarate, donde se secuestró una mochila con varios teléfonos celulares, oculta en la cabina de un micro de la empresa "Río Uruguay” procedente de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.  

A raíz de ello, el Juzgado Federal de Campana a cargo del doctor Adrián González Charvay, Secretaría Penal N° 1, a cargo del doctor Raúl Roust, ordenó realizar tareas tendientes a establecer el origen del material incautado, su destino e identificar a los responsables del traslado del mismo desde su lugar de origen. 

Por este motivo,  los efectivos policiales efectuaron averiguaciones sobre los transportes de pasajeros con similares rutas de tránsito y se estableció que la mercadería -principalmente teléfonos celulares y otros artículos electrónicos- procedía de comercios mayoristas ubicados en la República del Paraguay, ingresando a nuestro país por el cruce fronterizo que existe en la ciudad de Puerto Iguazú , provincia de Misiones, más precisamente en el Puente Internacional "Tancredo Neves" en la Ruta Nacional N°12.

Tras profundizar las tareas de inteligencia en diferentes zonas del litoral del país, se constataron las maniobras que accionaba a través de una persona “organizadora” de varios “paseros”. Asimismo, se detectó la participación de tres funcionarios de la Aduana quienes posibilitaban a otros integrantes del banda a sortear los controles.

De acuerdo con la información recolectada, la mencionada “organizadora” coordinadamente con sus “paseros” ingresaba la mercadería al país y la enviaba a los clientes mediante sus “transportistas ”, entre los cuales había choferes de ómnibus de larga distancia y camioneros, quienes trasladaban los productos hacia diferentes puntos donde eran recibidos por los “distribuidores”.

A su vez, éstos los repartían a los “comerciantes” minoristas y mayoristas, en la ciudad de Rosario, localidades del norte de la Provincia de Buenos Aires y en Capital Federal.

Pruebas
Con el resultado de lo investigado durante la denominada "Operación Alijo Guasú", el Juzgado interventor ordenó realizar 32 allanamientos en los domicilios y locales comerciales involucrados en las maniobras delictivas, procediéndose al secuestro de 18 automóviles y camionetas, 5 motocicletas, 1002 celulares, 5 máquinas de contar dinero, 22 playstation, 3 armas de fuego,128 municiones, 16.600 fundas, 2066  vidrios templados, 300 cargadores, 322 pantallas táctiles, gran cantidad de accesorios múltiples, 916.745 pesos, 112.426 dólares, 13.141 Reales, 400.000 Guaraníes y 800 Euros.

El valor total de mercado de los elementos incautados ronda los 85.000.000 de pesos