La Justicia dictó la prisión preventiva, pero domiciliaria y con monitoreo electrónico, al exjefe de la seccional de Bosques, comisario Sergio Enrique Argañaraz, acusado de encubrimiento en la investigación que se lleva adelante por la búsqueda de Lucas Escalante, quien desapareció en diciembre pasado junto a su amigo Lucas Morello, hallado asesinado en Guernica, hecho por el que se encuentran detenidos el hijo y el sobrino del exjefe de la Delegación Drogas ilícitas de Quilmes, informaron fuentes judiciales.

 

La medida fue adoptada por el juez de Garantías de Quilmes Julián Busteros, quien poco antes había decidido liberar al jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes, Luis Alberto Zaracho, detenido por el mismo hecho, porque el delito que se le imputa es excarcelable. Las fuentes explicaron que el caso de Argañaraz es más complejo, ya que éste actuó como preventor en los primeros días de la investigación por la desaparición de los amigos y cometió, a juicio del magistrado, diversas irregularidades que afectaron la investigación. "Es indudable el conocimiento de Argañaraz de las circunstancias que rodeaban el caso y su conducta omisiva, ya que ha dejado transcurrir tiempo valioso en el que se podría haber profundizado sobre los elementos probatorios que aportaban los familiares de Lucas Escalante", indica el fallo. Por tal motivo, el magistrado le dictó la prisión preventiva por "encubrimiento agravado por ser el delito precedentemente grave y por su condición de funcionario público en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público". Si bien el juez consideró que existen elementos para sospechar que de estar libre Argañaraz podría entorpecer la pesquisa, motivo por el cual rechazó su excarcelación, consideró suficiente mantenerlo detenido, pero bajo monitoreo electrónico en su domicilio, al contemplar a su favor que no tiene antecedentes penales y cuenta con un domicilio certificado, detallaron las fuentes. En el marco de la causa también estuvo detenido, pero por falso testimonio y ya recuperó su libertad, otro policía, Ramiro Yair Forchinito (33), quien desempeñaba tareas en un área integrada con Interpol y era la mano derecha del comisario Centurión, que era enlace entre ese Departamento y la policía bonaerense. Por el homicidio de Morello (18) y la desaparición de Escalante (26) están presos Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino, respectivamente, del comisario Francisco Centurión, exjefe de la Delegación Drogas ilícitas de Quilmes. Ambos están acusados del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento" en perjuicio de Morello. Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW, que al día siguiente apareció incendiado. El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición" y, según la autopsia, la muerte se produjo por "asfixia mecánica". De acuerdo con la investigación, el último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en Bosques. Días atrás, a pedido del fiscal, se realizó un allanamiento en esa casaquinta en la que fueron hallados rastros de sangre y restos de elementos quemados que, ahora, están siendo analizados. Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular, ya que en una grabación de una estación de servicio de Florencio Varela se ve a Cristian cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro. Una de las hipótesis que se investigó fue que los dos imputados detenidos por el caso le ofrecieron a las víctimas vales de nafta gratuitos como método para atraerlas, y a raíz de esa sospecha fueron incorporados una serie de audios que los incriminan.

Desde la aparición del cuerpo de Lautaro, los familiares de ambas víctimas realizan marchas en reclamo de Justicia y motivaron la remoción de la primera fiscal que tuvo el caso, Mariana Dongiovani. En marzo último, el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero del joven.