Un cuerpo apareció flotando en el arroyo Saladillo. Al mes se estableció que ese cadáver trozado en siete partes pertenecía a María Isabel Ruglio, una docente jubilada de 73 años. Entonces la policía fue a su casa y detuvo un matrimonio que vivía con ella y atendía una verdulería en el frente. Un año y seis meses más tarde, cuando la pareja espera un juicio oral con pedido de prisión perpetua, el acusado Marcelo Alberto Fernández pidió hablar ante un juez.

“Yo esa noche estaba muy borracho. Empezó una discusión, ella agarró un cuchillo. Yo la agarré del cuello y se me fue la mano. Nunca la quise matar”, confesó en una audiencia según infornó La Capital.

 

“Nunca quise hacer nada, nunca quise quedarme con la casa ni nada de eso”, dijo ante el fiscal Adrián Spelta y el juez Gustavo Pérez de Urrechu. En su declaración desvinculó a su esposa, de quien dijo que nunca estuvo al tanto de lo ocurrido. Contó con la ayuda de un tercero que se ocupó de descuartizar a la víctima y hacerla desaparecer a cambio de un departamento de su propiedad.

Es la primera vez que el detenido, de 44 años habla ante la Justicia, según su versión no quiso hacerlo antes porque no se sentía cómodo al hablar por zoom o por videoconferencia.

La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte pero sí que los seis cortes que partieron al cuerpo en siete partes fueron post mortem.

 En la audiencia también declaró en indagatoria la ciudadana española Josefa Richarte Carrasco, de 58 años, quien en aquel entonces denunció en una comisaría la desaparición de “Marisa”, como llamaban a la víctima. Una vez más, sostuvo que no estuvo en la casa al momento del crimen y que recién se enteró de lo sucedido cuando la llevaron presa.

Las declaraciones se produjeron a pedido de los imputados, cuando la causa se encamina a juicio oral con ambos acusados como coautores de un homicidio calificado por “codicia”, para quedarse con la vivienda de la víctima.

Sobre ellos pesa un pedido de prisión perpetua. Los defensores públicos Francisco Broglia, por Josefa, y Marianela Di Ponte, por Fernández, adelantaron que pedirán libertades o cambios de calificación.

 

El 10 de febrero de 2020 pescadores del Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Avisaron a las autoridades y un rastrillaje de agentes de Prefectura permitió completar en 72 horas el cadáver de una mujer desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio. El cuerpo permaneció sin identificarse hasta que, un mes mas tarde, una prima de Ruglio se comunicó con la policía desde Santa Fe y expresó sus temores de que el cuerpo fuera el de la docente. La pareja que convivía con la víctima fue detenida esa misma noche del miércoles 4 de marzo.